Jeannette Aguilar, investigadora independiente, comentó los resultados de la investigación de Fespad y Christian AID sobre el impacto de la pandemia en la seguridad pública y al hacerlo lanzó afirmaciones contundentes como que el Gobierno hizo un abordaje punitivo no sanitario de la emergencia, y que para ello, recurrió a una “matriz bélica”.
Pero ese manejo, a juicio de Aguilar, que tildó de improvisado e incompetente de parte del Gobierno, no fue con fines sanitarios, sino para militarizar el país. En síntesis dijo: “Por la incompetencia del Gobierno y la improvisación con que ha encarado la pandemia, uno puede deducir que el propósito no era sino instrumentalizar esta crisis sanitaria para acumular poder”.
El Gobierno ha sido duramente criticado por imponer durante toda la pandemia y de manera arbitraria una restricción extrema a libertades constitucionales como la circulación y sometió al país a un largo confinamiento, pero además usó al Ejército y a la Policía para detener de manera ilegal a ciudadanos a los que acusaba de violar la cuarentena.
Para Aguilar, es preocupante no solo este manejo coercitivo y punitivo de la emergencia porque bajo esa lógica de matriz bélica permitió a instituciones como la Fuerza Armada a actuar con discrecionalidad y que se justificara tantas violaciones y el “ejercicio abusivo” para aparentemente detener la pandemia.
“Esta matriz bélica estuvo acompañada de una retórica de buenos y malos, de enemigos; los buenos eran los militares y policías, y los malos los que no obedecían… Era enemigo interno todo aquel que se oponía y así vimos que se produjeron miles de abusos de acuerdo a datos de la Procuraduría de Derechos Humanos, de diferente tipo que ocasionaron, masiva violación a derechos humanos, como ejemplo cercos militares”, dijo.
Debilidad institucional
La profesional consideró que en un contexto de profunda debilidad institucional y donde hay esa retórica de buenos y malos sumado a un Gobierno con signos autoritarios de ir acumulando poder se ha distorsionado a conveniencia del clima de la pandemia.
Pero hay otro signo preocupante, a decir de Aguilar, y es que la pandemia evidenció que hay débiles instituciones de control y en ese contexto, por ejemplo, dice que la Fiscalía General de la República no funcionó y la Sala de lo Constitucional respondió de manera bastante tardía cuando las violaciones a los derechos se habían materializado y afectados a miles.
De allí cree en la importancia de que se delimite las competencias. “En el caso de la Policía hubiera sido deseable que estuvieran capacitados para tender la emergencia desde una perspectiva más humanitaria y apegada a la legalidad”, afirmó.