El gobierno de Costa Rica ha aceptado entregar a El Salvador a Juan Carlos Guzmán Berdugo, suegro del expresidente Mauricio Funes, por estar acusado de delitos de corrupción en perjuicio del Estado salvadoreño.
El Fiscal General de la República, Raúl Melara, confirmó ayer que han sido notificados de que el gobierno costarricense ha aceptado la petición de extradición de Guzmán Berdugo.
“El suegro del expresidente Funes guarda prisión en Costa Rica ya con el objeto de ser deportado”, dijo ayer el Fiscal Melara al ser consultado sobre el tema por El Diario de Hoy.
Melara dijo que este tipo de procesos no siguen un curso expedito como ellos pretenden, pues en el caso de Guzmán Berdugo está haciendo alegaciones y recurriendo a recursos legales, a los cuales tiene derecho, que no permiten que sea ágil el proceso de extradición.
“Este proceso no es tan expedito como quisiéramos, él tiene habilitados recursos legales allá en Costa Rica y a esta fecha están deteniendo la deportación hacia El Salvador”, afirmó el Fiscal.
A la pregunta de si él está alegando, por ejemplo, que es residente legal en Nicaragua, Melara respondió: “Él está alegando lo que él cree conveniente, haciendo uso de sus derechos que la ley le franquea, pero lo importante es que la solicitud de extradición ha sido aceptada por el gobierno de Costa Rica y que guarda prisión preventiva ya con fines de extradición para el país”.
Guzmán Berdugo es padre de Ada Mitchell Guzmán Sigüenza, la compañera de vida de Mauricio Funes, y la Fiscalía lo acusa de haber recibido fondos públicos de manera ilegal.
Capturado cuando iba a Panamá
El suegro de Funes fue capturado en Costa Rica a inicios de abril de este año, cuando viajaba hacia Panamá. Las autoridades costarricenses informaron que lo retendrían por 30 días mientras El Salvador hacía las gestiones respectivas para extraditarlo, informaron en su momento autoridades policiales.
La detención obedeció a que Guzmán Berdugo es reclamado por autoridades judiciales salvadoreñas. La orden de captura en contra de él fue emitida en junio de 2017. A él se le acusa de haber recibido juntamente con su esposa Ada Luz Guzmán de parte de Mauricio Funes la cantidad de $351,530 provenientes del Estado salvadoreño.
Según el requerimiento fiscal, los esposos Guzmán Sigüenza utilizaron el dinero público para comprar vehículos, pagar créditos y viajes al extranjero, entre otros.
En junio de 2017 el Juzgado 5° de Paz de San Salvador decretó Instrucción con Detención para Mauricio Funes, su compañera de vida, Ada Mitchell Guzmán, y 13 imputados más vinculados al caso Saqueo Público donde se habrían desviado $351 millones de las arcas del estado.