La Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) resolvió que el presidente de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Óscar Armando Pineda Navas y el entonces director de Investigación Judicial, Félix Rubén Gómez; les vulneraron derechos a dos magistrados de la Cámara de la Segunda Sección del Centro en Cojutepeque, Cuscatlán.
“Esta Procuraduría debe de declarar que al promoverse el proceso disciplinario 032/2017 (82) hubo violaciones a la independencia judicial por injerencias y acciones ilegales por parte del presidente de la CSJ, Óscar Armando Pineda Navas y el entonces director de Investigación Judicial de la CSJ, Félix Rubén Gómez Arévalo , pues tal investigación está sustentada en los fundamentos fácticos y jurídicos contenidos en la sentencia emitida por los magistrados de la Cámara, Ramón Iván García y Santiago Alvarado Ponce al conocer el incidente de apelación”.
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Los magistrados ratificaron la absolución para un acusado de violar de manera continuada a una menor que le había dado el juzgado de Sentencia de Cojutepeque, Cuscatlán.
Argumenta la Procuraduría que esos derechos se violentaron cuando se inició de oficio un proceso disciplinario en contra de los dos magistrados de Cámara solo por el hecho de haber ratificado la referida una sentencia absolutoria.
Advierte la Procuraduría que de continuar el referido proceso disciplinario se tomaría una decisión sobre la base de los argumentos contenidos en una sentencia judicial (de los mismos magistrados) que ni siquiera fue revisada por un tribunal superior.
“No se puede permitir que la Dirección de Investigación Judicial se atribuya la facultad de investigar disciplinariamente a un administrador de justicia cubierto por la Ley de la Carrera Judicial, por las emisiones de resoluciones o sentencias en que exista una diferencia razonable y razonada de interpretaciones jurídicas posibles sobre una figura procesal determinada al momento de su dictado; más aún cuando éstas se encuentran firmes; pues ello, constituiría una verdadera intromisión y violación a la independencia judicial”, señala la Procuraduría.
Otras de las recomendaciones dadas por la PDDH va dirigida a Pineda Navas en el sentido de que instruya al actual director de Investigación Judicial para que proceda a archivar el proceso disciplinario en contra de los dos magistrados.
Los magistrados consideran el proceso abierto en su contra como ilegal por lo que acudieron a la Procuraduría de los Derechos Humanos para denunciar al presidente de la CSJ , al ex fiscal general Douglas Meléndez , al jefe de la oficina fiscal de Cojutepeque y al director de investigación judicial de la CSJ. La demanda fue puesta el 10 de agosto de 2018 porque según ellos les violaron su independencia e imparcialidad judicial en el desempeño de su función jurisdiccional.
Aseguraron que el ex fiscal Meléndez adoptó una línea de trabajo institucional de continúa intromisión e intimidación contra los jueces y magistrados por resolver en contra de las pretensiones de la Fiscalía.
“Meléndez cometió actos atentatorios contra la independencia judicial de jueces y magistrados en general, mientras ejerció el cargo”, señala la resolución.
Al fiscal general, Raúl Melara, le recomienda que revise el comportamiento de sus subalternos con respecto a la independencia judicial y que tome las medidas necesarias para rectificar las acusaciones de sus auxiliares fiscales, jefaturas, y directores.
“A fin de evitar de que se continúe con la estrategia de presionar a jueces y magistrados con declaraciones fuera de contexto ; y en su lugar impugnar las resoluciones judiciales con las cuales no estén de acuerdo , a través de los recursos franqueados por la ley”, señala la PDDH.