La Corte de Constitucionalidad de Guatemala decidió ayer denegar la inscripción como candidata a la Presidencia a la exfiscal Thelma Aldana, quien buscaba competir en las elecciones del próximo 16 de junio con el partido Movimiento Semilla.
Aldana comandó como fiscal, junto con la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), una férrea lucha anticorrupción desde 2015 en los tres poderes del Estado, en la que desarticularon más de una docena de casos que involucraban a altos funcionarios y políticos, incluidos el hijo y hermano del actual mandatario, Jimmy Morales.
La decisión del pleno de magistrados, que está reunido este miércoles para conocer el expediente de Aldana y el de la también aspirante a la Presidencia por el partido Unidad Nacional de la Esperanza (UNE) y exprimera dama, Sandra Torres, lo adelantó una fuente del máximo tribunal del país que pidió el anonimato.
La Corte decidió rechazar el amparo que el partido Movimiento Semilla presentó el pasado 13 de abril en apelación a la decisión del Tribunal Supremo Electoral y la Corte Suprema de Justicia de denegar la inscripción de Aldana, quien está fuera del país desde el 18 de marzo por una orden de captura que ella y su partido consideran una persecución política.
El pasado 10 de abril, la Corte Suprema de Justicia había negado de forma provisional la candidatura a la Presidencia a la exfiscal general Aldana, secundando la decisión nueve días atrás del Tribunal Supremo Electoral de rechazar su participación, pese a que había sido admitida por el Registro de Ciudadanos.
Hasta el momento se desconoce la votación de los magistrados de la Corte de Constitucionalidad, pero esta resolución pone en aprietos a la exfiscal, que debe esperar a que el Supremo resuelva el amparo definitivo y si este es adverso tendría que volver a apelar otra vez ante el Constitucional.
Desde que se conocieron las intenciones de Aldana de participar en política han sido varias las denuncias y los señalamientos que han ido surgiendo en su contra, según ella, con la intención de debilitarla y de intentar impedir su participación para acabar con la lacra de la corrupción.