El Tribunal Supremo de Estados Unidos dio ayer luz verde de forma temporal al Gobierno del presidente, Donald Trump, para denegar el asilo a inmigrantes indocumentados, en su mayoría centroamericanos, que hayan pasado por México u otros países sin haber solicitado allí esa protección.
El Alto Tribunal, que informó de esta decisión en su página web, suspendió el fallo de una corte de menor instancia que había bloqueado esa medida.
La decisión, tomada con siete votos a favor y dos en contra, no es definitiva pero aplica mientras la batalla legal sigue su curso.
Trump reaccionó rápidamente a través de su cuenta de Twitter: “¡GRAN VICTORIA para la frontera sobre el asilo en el Tribunal Supremo!”.
Una de las magistradas que se opuso a la decisión, la progresista Sonia Sotomayor, criticó que “una vez más, el Ejecutivo emitía una orden que busca anular prácticas duraderas con respecto a los refugiados que buscan asilo de la persecución”.
El Gobierno de Trump anunció los cambios en su política de asilo a finales de julio, impidiendo a la mayoría de indocumentados solicitar la protección tras cruzar la frontera sur con México.
Un juez federal en California bloqueó rápidamente la medida, lo que provocó el inicio de un litigio que llegó hasta al Supremo con su decisión de ayer en la tarde.
Desde su llegada al poder en enero de 2017, Trump ha hecho del asilo uno de sus objetivos políticos, ya que considera que hay un abuso del sistema del que los inmigrantes se aprovechan para ingresar y trabajar en Estados Unidos.
En los últimos meses, de hecho, la frontera sur de EE.UU. ha vivido un incremento en las llegadas de solicitantes de asilo centroamericanos en unidades familiares y hay cerca de 436,000 peticiones sin resolver según datos oficiales.
Mayo fue el mes de mayor flujo desde 2006, con la detención de más de 132,000 personas que cruzaron la frontera sin permiso.
Trump ha probado varias medidas para desincentivar esa migración, como separar a padres de sus hijos menores de edad tras cruzar la frontera o devolver a México a solicitantes de asilo a la espera de que se resuelvan sus casos, pero espera que impedir las peticiones frene finalmente el flujo.
Golpe a migrantes
El cambio revierte décadas de política estadounidense. El gobierno ha dicho que quiere reducir la brecha existente entre las revisiones iniciales de asilo, en las que la mayoría de la gente es aprobada, y los fallos definitivos sobre los casos, en los que la mayoría de las personas son rechazadas.
Las magistradas Ruth Ginsburg y Sonia Sotomayor expresaron su desacuerdo con la orden del máximo tribunal.
La impugnación legal a la nueva política tiene una historia breve pero algo complicada. El juez federal de distrito Jon Tigar de San Francisco impidió que ésta entrase en vigencia a fines de julio. Un panel de tres jueces del Tribunal de Apelaciones del Noveno Circuito limitó la orden de Tigar para que sólo fuese aplicable en los estados de Arizona y California, los cuales están dentro de dicho circuito.
Ello permitió que el gobierno tuviera libertad para aplicar la política a los solicitantes de asilo que llegaron a Nuevo México y Texas. Tigar emitió una nueva orden el lunes que volvió a imponer un control a nivel nacional sobre la política de asilo. Al siguiente día, el tribunal de apelaciones limitó nuevamente la orden.
La acción del máximo tribunal permite que el gobierno imponga la nueva política en todas partes mientras continúa el caso en contra de las restricciones.
Lee Gelernt, abogado de la Unión Americana de Libertades Civiles que representa a grupos defensores de inmigrantes en el caso, dijo: “Este es un paso temporal y tenemos la esperanza de que prevalezcamos a la larga. Las vidas de miles de familias están en juego”.
Esta política se suma a los convenios de tercer país seguro que ha firmado Estados Unidos con Guatemala, país que servirá de barrera para que salvadoreños, hondureños y nicaragüenses no sigan en su camino indocumentando hacia la nación del Norte si quieren llegar a pedir asilo.