La Subdirección de Investigaciones contra la Corrupción de la Policía fue creada por medio del decreto ejecutivo #43 de fecha 18 de diciembre de 2019.
Sin embargo, esa dependencia comenzó a operar hasta finales de abril pasado, pero no ha resuelto ningún caso de corrupción en la administración pública, tal como está planteado en el decreto de su creación, según fuentes policiales.
Agregaron que la referida Subdirección comenzó sus operaciones desde el nombramiento del comisionado Julio César Santana Vela, quien fue cesado como jefe de la referida unidad policial, el miércoles pasado, y trasladado a la jefatura de la Secretaría Técnica de la Policía.
Para crear la referida Subdirección hubo necesidad de reformar el reglamento de la Ley Orgánica de la Policía Nacional Civil.
Para dar paso al funcionamiento del nuevo organismo de investigación se modificó el inciso segundo del artículo 5 del reglamento en el sentido de que la Subdirección General será la encargada de coordinar y supervisar las actividades de las subdirecciones de área como Seguridad Pública Urbana y Seguridad Pública Rural, Investigaciones, Investigaciones contra la Corrupción, Inteligencia, Áreas Especializadas operativas y de administración.
Además se agregó el artículo 9-A que señala que será responsabilidad de la mencionada Subdirección y bajo la dirección funcional de la Fiscalía General, la colaboración en el procedimiento de la investigación de delitos relativos a la administración pública y delitos conexos.
Señala el decreto que para tal efecto, la Subdirección podrá recibir apoyo técnico y operativo de instituciones u organismos internacionales especializados en la materia.
Fuentes policiales explicaron que el nuevo organismo de investigación trabajaría en colaboración con la Comisión Internacional contra la Impunidad en El Salvador (CICIES). Sin embargo, eso no fue posible por razones desconocidas, según las fuentes policiales.
Las mismas aseguraron que desde que comenzó sus operaciones no ha sacado ningún caso de investigación relacionado a hechos de corrupción dentro del aparato estatal.
Algunas fuentes policiales aseguraron que esta dependencia no cuenta con suficientes investigadores ni recursos para resolver casos.
Se consultó al director de la Policía, Mauricio Arriaza Chicas, sobre la operación de esta subdirección pero no respondió a la petición.
Aseguran que tampoco ha trabajado con Fiscalía, pese a que el decreto de creación lo establece. Incluso recordaron la nula colaboración en los allanamientos realizados en noviembre pasado por la Fiscalía a 22 dependencias públicas y empresas vinculadas con las supuestas irregularidades en las compras y ventas de insumos o productos utilizados en la emergencia de la pandemia del COVID-19.
En esas investigaciones no participó esta subdirección ni tampoco la Policía acompañó a fiscales en los registros, por el contrario, las autoridades policiales trataron de impedir que los fiscales recogieran evidencias de las supuestas anomalías de esas compras en el Ministerio de Salud, de acuerdo a las denuncias de los mismos fiscales del caso.