La Fiscalía General ratificó en enero pasado la acusación contra Ana Lucía Alfaro Alvarado, quien fungió como representante legal de la empresa italiana Astaldi, por evasión de $9,088,029 en impuestos sobre la renta de la referida sociedad en el ejercicio fiscal 2012.
Según la acusación fiscal, la empresa constructora no declaró renta gravada obtenida en 2012 por ingresos totales de $25,540,599.
La acusación formal fue presentada el 24 de enero pasado al Juzgado Tercero de Instrucción, que todavía no ha programada la audiencia preliminar en contra de Aguilar Alvarado. Ella fungió como representante legal cuando se produjo el arreglo directo entre Astaldi y la Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica del Río Lempa (CEL) por $108.5 millones por la inconclusa construcción de la Central Hidroeléctrica El Chaparral.
Al momento del arreglo, CEL le pagó como si la obra hubiese tenido el 50 % de avance cuando en realidad, según la misma supervisión de CEL, solo era de 29.28 %.
Parte de ese dinero obtenido en el arreglo no fue declarado al fisco salvadoreño por la constructora, por lo que adeudan poco más de nueve millones de dólares en impuestos, dice la acusación fiscal.
Lo que ha atrasado la designación de la fecha de la audiencia preliminar, según el referido juzgado, es que los dos peritos financieros juramentados por el tribunal, todavía trabajan en los análisis de la información contable entregada por la Fiscalía General, con la que supuestamente demostrarán que la imputada, quien es procesada en libertad, evadió impuestos cuando actuaba como apoderada legal de Astaldi.
Fuentes del referido juzgado aseguraron que la entrega del informe financiero de los peritos está previsto para el 10 de abril y luego el juez definirá la fecha de la audiencia preliminar.
El 24 de enero pasado, la Fiscalía General presentó la ratificación de la acusación contra Alfaro Alvarado por este caso. En ella, el ente fiscal pide al referido tribunal que programe la audiencia preliminar donde se tendrá que valorar las pruebas de cargo y descargo en contra de la imputada y que serán definidas para un eventual juicio.
Señala el ente fiscal que la imputación recae en Alfaro Alvarado por haber sido la responsable de cumplir con las obligaciones tributarias de la sociedad italiana Astaldi.
Según la Fiscalía, ella utilizó como “medio para cometer el delito, la presentación de la declaración con información falsa”.
Señala la acusación que la empresa Astaldi no consignó la totalidad de los ingresos gravados obtenidos por la referida sociedad. Además consigna gastos y costos que no son deducibles del impuesto sobre la renta.
Ingresos gravados que no fueron declarados
La referida sociedad presentó la declaración del impuesto sobre la renta el 30 de abril de 2013, pero después de varias observaciones, el Ministerio de Hacienda admitió la declaración del 5 de noviembre de 2013.
Detalla la Fiscalía en su acusación que Astaldi no declaró los ingresos de $23,500,000 que recibió como resultado del arreglo directo con la CEL de las controversias surgidas de la ejecución del contrato CEL-4143-S para la construcción de El Chaparral, el 11 de julio de 2012.
Por las irregularidades detectadas por la Corte de Cuentas en la ejecución del contrato, entre ellos el arreglo directo, están procesados el expresidente Mauricio Funes; el expresidente de la CEL, Leopoldo Samour; el representante de Astaldi, Mario Pieragostini, entre otros.
El ente fiscal señala que son ingresos que constituyen renta obtenida por haber sido obtenida como parte del arreglo para no promover la iniciación de un arbitraje por la cantidad de $52.3 millones.
Tampoco declaró los ingresos en el orden de $814,091 que corresponden a intereses devengados por derechos y obligaciones provenientes de un préstamo de $11,000,000 que Astaldi El Salvador le hiciera a Astaldi Panamá.
Otros de los ingresos que obtuvo Astaldi, pero que no fueron declarados como renta gravada corresponde a $900,822 por la venta de mercadería y materiales; así como, alquiler de maquinaria, entre otros.
A la cifra anterior se suma $398,921 en concepto de diferencias cambiarias de divisas, los cuales los declaró como ingresos excluidos o que no constituyen renta. También obtuvo ingresos por $42,808 por indemnizaciones por seguros y $14,821,397 que corresponden a gastos y costos, pero que los dedujo de manera indebida.
Hay otros ingresos que Astaldi recibió, pero que trató de hacerlos deducibles. Por ejemplo, $161,378 que corresponden a costos de producción por pago de mano de obra por servicios ajenos.
Al monto anterior se le suma $294,575 por gastos financieros y administrativos más $53,323 que los presentó como costos de producción por pago de mano de obra que corresponden a otras remuneraciones.
No obstante, los montos anteriores fueron pagados a entidades no domiciliadas sin haber retenido el impuesto sobre la renta.
En el análisis financiero se encuentran ingresos por $45,807 que la sociedad los declaró como deducibles por pérdida de capital, aunque la ley no los considera deducibles del impuesto sobre la renta.