La primera vez que la Sala de lo Constitucional le puso paro a las actuaciones del presidente Nayib Bukele en contra de la democracia del país, según abogados constitucionalistas, fue el 10 de febrero pasado, luego de que un día antes (9 de febrero) se tomara la Asamblea Legislativa utilizando a policías y militares, para obligar a los diputados a aprobar un préstamo de $109 millones para la seguridad pública.
En esa oportunidad, Bukele amenazó con regresar ocho días después con un fin: disolver la Asamblea Legislativa.
Ante ese caos institucional generado por Bukele, la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) le ordenó al mandatario que se abstuviera de “hacer uso de la Fuerza Armada en actividades contrarias a los fines constitucionales establecidos y poner en riesgo la forma de gobierno republicano, democrático y representativo, el sistema político pluralista y de manera particular la separación de poderes”.
Esa misma noche, Bukele escribió en su cuenta de Twitter que no compartía la decisión del máximo tribunal, pero la respetaría.
Pero la vez que el gobernante desafió por vez primera a la Sala de lo Constitucional fue la noche del 15 de abril pasado. Lo hizo, como es su costumbre a través de su cuenta de Twitter.
“¿La Sala de lo Constitucional delega al procurador inconstitucional para que tutele la cuarentena y trata de quitarnos todas las facultades para hacerla que se cumpla? El chiste se cuenta solo. Ninguna resolución está por encima del derecho constitucional a la vida y salud del pueblo salvadoreño”, protestó en Twitter.
Agregó que “así como no acataría una resolución que me ordene matar salvadoreños, tampoco puedo acatar una resolución que me ordena dejarlos morir”.
Con lo anterior, Bukele se resistía a acatar la resolución de la Sala que señalaba claramente: “el Presidente de la República y las autoridades de la Policía Nacional Civil tienen constitucionalmente prohibido privar de libertad en la forma de confinamiento o internamiento sanitario forzoso a las personas que incumplan la orden de cuarentena domiciliaria, mientras la Asamblea Legislativa no emita una ley formal en la que se establezca dicha medida”.
En la misma resolución, la Sala también advirtió que “ninguna autoridad por motivo de la cuarentena puede decomisar vehículos de personas, ni ningún otro bien, salvo la aplicación de otras leyes que regulen delitos o infracciones administrativas diferentes”.
El incumplimiento del mandatario de las resoluciones de la Sala le valió una serie de críticas desfavorables entre reconocidos juristas constitucionalistas salvadoreños y organismos internacionales como la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
“El incumplimiento de las decisiones de la Sala de lo Constitucional equivale a una falta de observancia de la Constitución y una violación de las obligaciones internacionales de derechos humanos”, expresó la alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet.
También hubo críticas de congresistas estadounidenses, quienes señalaron que el gobierno de Bukele se excusa en la emergencia por COVID-19 para violar los derechos humanos.
También hubo críticas de congresistas estadounidenses, quienes señalaron que el gobierno de Bukele se excusa en la emergencia por COVID-19 para violar los derechos humanos.
Senadores de EE.UU., como los republicanos Marsha Blackburn y Roger Wicker; además de la representante Ann Wagner se unieron a las críticas contra Bukele.
Del lado demócrata, el influyente Jim McGovern, quien conoce muy bien a El Salvador y tiene mucha fuerza de negociación en Washington. Además, de los senadores Ben Cardin, Jeff Merkley y el representante Tom Malinowsk, todos advirtieron que Bukele “está sacrificando al estado de derecho con la excusa de combatir la crisis sanitaria actual”.
Otro de los observadores internacionales que ha sido fuerte crítico de las medidas empleadas por el presidente salvadoreño es José Miguel Vivanco, director para las Américas de la organización Human Rights Watch.
“La Sala de lo Constitucional le ordenó abstenerse de confinar a nadie simplemente por violar la cuarentena – solo si están contagiados o hayan sido expuestos al virus. Pero usted Nayib Bukele se ríe de la Corte”, escribió en su cuenta de Twitter. Agregó que eso es “desacato y, nuevamente, rompe el estado de derecho”.
Ya antes, Bukele había desobedecido una resolución de la Sala de lo Constitucional, emitida el 27 de marzo pasado en la que ordenaba a las autoridades policiales que todas las personas retenidas y que todavía estuvieran en instalaciones policiales debían ser trasladadas a sus casas. El Gobierno ignoró esa orden y siguieron las detenciones arbitrarias de los supuestos infractores de la cuarentena domiciliar obligatoria.
Algunos de los confinados ocuparon sus redes sociales para denunciar que estaban retenidos en lugares que no cumplían las reglas mínimas de distanciamiento y donde cada día llegaban más personas que podrían estar contagiadas con el virus.
Mientras que el procurador para la Defensa de los Derechos Humanos, José Apolonio Tobar, presentó el tercer informe a la Sala de lo Constitucional en el que destacaba que “no se han estado cumpliendo las medidas cautelares emitidas por la Sala de la Constitucional porque las detenciones (arbitrarias) han continuado”.
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Agregó que “las personas beneficiadas con las medidas cautelares en los diferentes centros de contención no se les ha practicado de manera inmediata, como la Sala dijo, la prueba para desvirtuar que tengan o no el COVID-19 y cuando han salido negativas, tampoco han sido trasladados a sus viviendas de manera inmediata como la Sala lo ha dicho, sino que en algunos casos, incluso se ha practicado segunda prueba y los tienen mucho más tiempo en los centros de contención”.
Tobar fue delegado por la Sala de lo Constitucional para que verificara el cumplimiento de las medidas ordenadas por el referido tribunal, para evitar que el gobierno siguiera violando los derechos humanos de las personas que han sido detenidas por infringir la cuarentena domiciliar y las que llevan más de 30 días en centros de retención.
El último desafío de Bukele a los fallos de la Sala ocurrió el lunes pasado, luego de que los magistrados constitucionalistas frenaran el decreto ejecutivo #18 con el que el gobierno usurpó funciones de la Asamblea Legislativa para establecer, de manera ilegal, un estado de emergencia por treinta días más con el fin de prevenir el COVID 19.
“Decrétase medida cautelar en el sentido de que se suspenden inmediata y provisional los efectos del decreto ejecutivo #18, publicado en el Diario Oficial #99, tomo #427, de 16 de mayo de 2020”, señala la resolución del máximo tribunal.
Bukele reacciona al freno de la Sala
“Este día (lunes pasado), la Sala de lo Constitucional ha cometido una invasión de poder, declaró inconstitucional la declaratoria de emergencia hecha por este gobierno. Es un precedente nefasto, porque la próxima vez que ocurra una tragedia, vamos a tener que esperar a los diputados”, dijo Bukele, horas después de conocer la resolución de la Sala que frenó el decreto con el que el gobierno usurpó funciones de la Asamblea Legislativa.
Bukele amenazó a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y a la Asamblea Legislativa de no hacer transferencias para pagar sueldos y justificó que aún no cuenta con el dinero de los dos préstamos que le han aprobado y que asciende a $3,000 millones.
Bukele expresó que respetará la resolución de la Sala de lo Contitucional que congela la prórroga del estado de emergencia, mientras se desarrolla el juicio de inconstitucionalidad del referido decreto, aunque dijo que no la comparte porque la considera violatoria de la Constituciòn.