Retrocesos en materia de transparencia, rendición de cuentas, derecho de acceso a la información pública, opacidad en compras públicas para la emergencia y restricciones a la libertad de prensa, son algunos de los señalamientos que realizó este lunes el Consorcio por la Transparencia y Lucha contra la Corrupción.
Estos señalamientos se dan a través de un diagnóstico del país durante este 2020 y lo presentó en el inicio de la semana de la transparencia que se celebra en el marco del Día Internacional contra la Corrupción, una fecha importante con la que se pretende fomentar una cultura de transparencia en las instituciones y en la sociedad en general.
“Este año ha sido de absoluto retroceso en materia de rendición de cuentas. La pandemia ha generado un telón de opacidad y la emergencia hace que se quiera utilizar los recursos públicos de una manera bastante improvisada”, criticó Claudia Umaña Araujo, presidenta de Fundación DTJ.
Umaña mencionó que El Salvador debió haber sido ejemplo de cómo manejar la rendición de cuentas con base en explicar cuál fue el plan, cómo se fueron utilizando las partidas, y dar rendiciones de cuenta bastantes claras.
A juicio de Javier Castro, director Ejecutivo de Asuntos Legales de Fusades “el panorama es desalentador en la lucha contra la corrupción, los niveles de opacidad, los niveles de retrocesos en términos de acceso a la información pública que estamos observando, la negativa a rendir cuentas son aspectos sumamente preocupantes”.
Roberto Rubio, director Ejecutivo de Funde, expuso que ya no solo es una actitud masiva de ocultar información, sino que hoy en día es una actitud activa de bloquear información. “¿Creo que los salvadoreños tenemos derecho a saber que se ha hecho con tanto dinero”, mencionó Rubio.
Por su parte, Verónica Montes, directora General de TECHO en El Salvador, lamentó que el impacto de la no transparencia, el uso de adecuado de los fondos públicos, signifique un retroceso para la inversión social que podría estar haciéndose en las necesidades de la población con mayor vulnerabilidad.
Al respecto, Mario Antonio Ramírez, representante del Centro de Estudios Jurídicos, reafirmó estos puntos de vista y dijo que la Sala de lo Constitucional ya ha dicho cómo se debe desarrollar el tema de la transparencia en situaciones de emergencia.
“No podemos poner candados, no podemos cerrar, no podemos poner en cuarentena el acceso a la información o la transparencia, esta debe existir todavía más en la emergencia”, recordó.
Añadió que, durante la emergencia, las instituciones del Estado deben ser más transparente, ya que la cantidad de fondos públicos que se maneja es mayor, los ciudadanos, la prensa, y todos deben tener completo acceso.
Diagnóstico del año 2020
El diagnostico también advierte sobre la importancia de fortalecer la legislación de la Corte de Cuentas de la República (CCR) a manera que esté dotada de herramientas que le permitan ejecutar con firmeza su rol de ente de fiscalización de los fondos públicos; y que la Fiscalía General de la República (FGR) actúe con firmeza y de manera oportuna en las investigaciones que ha iniciado por supuestos actos de corrupción.
Añade que existe intolerancia a la crítica y un discurso estigmatizante por parte de altos funcionarios públicos a periodistas, medios de comunicación y sociedad civil.
“Hacemos un llamado a todas las instituciones y a toda la ciudadanía a trabajar por fortalecer nuestra democracia respetando los derechos fundamentales, actuando con transparencia y rindiendo cuentas para evitar que la corrupción continué ganando terreno en nuestro país” exhortó el Consorcio.