Los afectados por la supresión de plazas en la Presidencia de la República, específicamente de la Secretaría de Participación, Transparencia y Anticorrupción, mediante un escrito piden a los diputados que intervengan en el asunto y exijan al presidente Nayib Bukele que “salvaguarde el estado de Derecho, respetando y haciendo respetar las garantías que la ley otorga a los empleados públicos y el cumplimiento del debido proceso” para destituirlos.
Los empleados son parte de las más de 800 plazas que el 2 de junio fueron suprimidas por Bukele al anular todas las Secretarías del Estado, excepto la de Comunicaciones.
Además, los inconformes piden a la Asamblea que le exijan a Bukele que explique las razones por las cuales “estamos siendo privados de nuestros empleos de una manera arbitraria y con menoscabo a nuestra dignidad humana y profesional”.
Le dicen a la Asamblea que le exijan al Presidente de la República “el cumplimiento de la normativa nacional e internacional referida a los derechos laborales, de la cual el gobierno de El Salvador es suscriptor y la OIT (Organización Internacional del Trabajo), su garante”.
En su petición los empleados se quejan que solo fueron notificados de que eran “cesados” de sus puestos al dejar de existir la Secretaría de Transparencia, pero argumentan que dicha “figura no aparece en ninguno de los cuerpos legales que regulan la carrera administrativa”.
Agregan que en los días posteriores a la notificación del “cese de funciones” que les fue dada a conocer por la Jefa de Recursos Humanos, Norma Vásquez, se les obligó a entregar el equipo de trabajo. “Del mismo modo, se nos indicó que nuestra comparecencia al lugar de trabajo ya no era necesaria, a pesar de que legalmente seguimos siendo empleados de la Presidencia de la República, puesto que no se han configurado las formalidades legales vigentes que nos aplican”.
Argumentan que con esa acción el nuevo gobierno pretende decir que ellos “voluntariamente han dejado la plaza” lo cual no ha sido así.
Añaden que la supresión de la plaza, según la doctrina legal, significa “la extinción de la misma, más no el automático cese de funciones del personal que la ocupa”, que se suprime su existencia, pero que el trabajador que la ocupa tendría que pasar por un proceso de evaluación para reubicarlo en otro puesto similar, esto debido a la “garantía de estabilidad laboral que por la Constitución gozamos los empleados públicos”.
Justifican que se ha violado el debido proceso, pues la única instancia legal para suprimir y crear plazas es la Asamblea Legislativa.
De hecho, en la propuesta de reforma a la Ley de Salarios vigente enviada por Bukele al Órgano Legislativo, no se reflejan las plazas de las nuevas Secretarías que creó en sustitución de las que eliminó.
Ante esto el diputado de ARENA, Norman Quijano, explicó que estudiarán con detenimiento esa solicitud, ya que según la Constitución de la República sólo la Asamblea tiene la potestad de crear o suprimir plazas que son financiadas con fondos del Estado, abonó el diputado René Portillo Cuadra.
Por todo lo anterior acudieron ayer a la Asamblea con una petición a la que el diputado del PCN, Raúl Beltrhán Bonilla le dará iniciativa de ley para que se le de trámite.
Consideran que les han violado sus derechos constitucionales al negarles el derecho de audiencia y defensa. Que han atentado en contra de su estabilidad laboral como empleados públicos que se rigen por leyes específicas y que se les acusa “sin más prueba que haber laborado durante la pasada administración de pertenecer a un partido político específico y trabajar proselitistamente en beneficio del mismo”.