Fusades señala que el proyecto de presupuesto 2021 reduce las partidas presupuestarias a la mayor parte de instituciones de control y refuerza partidas como la de la Fuerza Armada y del Ministerio de Justicia y Seguridad, entidades que apuntalan las tendencias autoritarias.
“Es otro tema que nos llama poderosamente la atención porque se está debilitando uno de los componentes importantes de todo sistema político que tiene que ver con las instituciones de control”, señaló Luis Mario Rodríguez, director del Departamento de Estudios Políticos de Fusades.
Incluso se reduce fondos en $12.2 millones a la Corte Suprema de Justicia (CSJ).
“Además se han obviado algunas otorgaciones presupuestarias que se deben dar por ley como el 6 % para la CSJ, como lo señala el artículo 172 de la Constitución”, aseveró el director de Asuntos Legales de Fusades, Javier Castro.
Fusades apunta que el debilitamiento de estas instituciones afecta el funcionamiento del sistema político.
“Cuando se atenúa la posibilidad de auditar a quienes ejercen el poder surgido de las urnas, desaparece con ello la opción de corregir las desviaciones de autoridad”, dice el informe presentado ayer.
También indica que durante los 15 meses de Gobierno, el presidente Nayib Bukele “ha ignorado las reglas del juego democrático”.
Los directores señalan además que el mandatario ha obstaculizado el acceso a la información pública y niega la legitimidad de sus oponentes y críticos, tanto en los partidos como en las gremiales, asociaciones de profesionales y en las organizaciones de la sociedad civil.
En el proyecto de presupuesto aparecen $100 millones menos para el Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP), $200 millones menos para el Consejo Nacional de la Judicatura y otros $100 millones menos para el Tribunal de Ética Gubernamental, cita Fusades al comparar el presupuesto 2021 con el de 2020.
En contraste, destacan el incremento acelerado de los presupuestos para las fuerzas policiales y militares, como se observa en las asignaciones al Ministerio de Seguridad y al Ministerio de Defensa, ya que en conjunto suben $129.8 millones en 2021 y recuerdan que en 2020 estas instituciones también vieron incremento de fondos.
La decisión del Ejecutivo de debilitar uno de los elementos del sistema político es deliberada, expone Fusades en su análisis.
Agregan que la Asamblea Legislativa debe revisar las asignaciones presupuestarias de cada una de las instituciones de control y, contrario a disminuir el apoyo financiero, haría bien en fortalecer su capacidad para garantizar el respeto del principio de separación de poderes.