La Corporación de municipalidades de la República de El Salvador (Comures), que aglutina y representa a las 262 alcaldías, tiene preocupación por las reformas que ha propuesto el gobierno a la Ley de Adquisiciones y Contrataciones Públicas (LACAP) porque podrían sobrepasar la autonomía municipal.
Una fuente interna de Comures, que prefirió no ser citada, confió a El Diario de Hoy que le han trasladado a la Asamblea Legislativa observaciones preliminares de cómo ven las modificaciones que pretende implementar el Ministerio de Hacienda y que están en manos de una subcomisión legislativa.
La fuente indicó que están en una fase de consulta con los 262 alcaldes para tener una opinión definitiva sobre el pliego de reformas.
Sin embargo, aseguró que durante el taller que realizó la Asamblea este lunes para recopilar observaciones de encargados de las unidades que hacen las compras institucionales y de representantes de universidades privadas, Comures expresó un par de aspectos.
“Una de ellas era que sentíamos que se estaba sobrepasando la autonomía de los municipios, consagrado en la Constitución de la República”, explicó la fuente.
El artículo 203 de la Carta Magna indica que: “Los municipios serán autónomos en lo económico, en lo técnico y en lo administrativo, y se regirán por un código municipal que sentará los principios generales para su organización, funcionamiento y ejercicio de sus facultades autónomas (…)”.
Y la fuente agregó que: “la otra es que siendo el Internet la materia prima para la implementación de la LACAP no en todas las municipalidades la señal del Internet es buena, entonces si esa va a ser la materia prima y van a haber sanciones y van a multar a la gente porque no lo instalan se va a tener problemas por ese lado. Se les está generando un problema adicional a las municipalidades que no tienen nada que ver en esto”.
Entre las reformas que presentó Hacienda estaría la incorporación de tres nuevas formas de contratación, una de ellas sería la Licitación Simplificada por Convenio Marco, mediante la cual la Unidad Nacional de Adquisiciones y Contrataciones (UNAC) tendría nuevas facultades, entre ellas que seleccionaría a los proveedores de bienes y servicios para todas las instituciones del Estado, que incluye a las alcaldías.
Pero no solo seleccionaría a los proveedores, sino que además la UNAC firmaría contrato con dichos proveedores.
Y una vez que entraría en vigencia el “Convenio Marco” o contrato “quedan adheridas al mismo todas las instituciones de la Administración Pública, debiendo adquirir únicamente por este medio los bienes y servicios de no consultoría que se encuentren incluidos dentro de los Catálogos Electrónicos vigentes”, dice en el texto de las reformas.
Eso implicaría que todas las instituciones estatales, es decir del Órgano Ejecutivo, Judicial, Legislativo, autónomas y alcaldías deberán comprar a los proveedores elegidos por la UNAC.
Escollo con compras electrónicas
Asimismo, en la redacción propuesta por Hacienda se indica que “las contrataciones públicas se realizarán de forma electrónica” y que ese mecanismo será obligatorio para todas las instituciones.
En ese sentido, la fuente de Comures señala que para las comunas implicaría un problema adicional hacer las compras públicas de forma electrónica.
“Nosotros estamos de acuerdo con la modernización, pero siempre que se cumpla con todos los parámetros y que todos tengan las mismas oportunidades y las mismas ventajas”, expresó.
Comentó que actualmente, sobre todo alcaldías del interior del país, se ven en dificultades para usar el sistema informático de contabilidad que les exige Hacienda, debido al deficiente acceso a Internet.
“Hay municipalidades que ellos contratan una línea de Internet en algunas municipalidades que les está costando alrededor de $300 mensuales adicionales para llevar el sistema contable que ha implementado el gobierno, no todas pero sí las alcaldías de zonas fronterizas. ¿Imaginen cómo están y ahora con este otro sistema que les quieren meter?”, agregó.
La fuente indicó que no les han consultado a los alcaldes sobre estas reformas y consideró que “el sistema no es apropiado para las municipalidades”.