A casi dos años de que la salvadoreña María Senaida Escobar Cerritos, de 19 años, fuera asesinada por presuntos policías del estado de Veracruz, México, el caso sigue en la impunidad, según afirmó ayer, Darío Escobar, padre de la víctima.
Aquel 9 de junio, Senaida salió alegre de su casa en el cantón San Antonio, del municipio de Victoria, departamento de Cabañas. Emprendía el largo camino con la esperanza de un futuro mejor. Allá la esperaban tres hermanos y su padre.
Cinco días después, Senaida estaba muerta. Una persecución de supuestos policías mexicanos a un pick up donde eran transportados varios migrantes acabó con la vida de la joven salvadoreña.
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Sucedió en Agua Dulce, una localidad del estado de Veracruz; uno de los disparos hechos por supuestos policías mexicanos impactó en la cabeza de Senaida, quien murió de inmediato.
“El Gobierno no hizo nada por investigar. En investigación y todo eso creo que se olvidaron. Ojalá que algún día las personas que lo hicieron, reciban su castigo”
El 25 de junio de ese mismo año, en una conferencia de prensa, la canciller salvadoreña Alexandra Hill, aseguró “que se están desarrollando las gestiones respectivas ante las autoridades mexicanas para la repatriación y el esclarecimiento de este hecho”.
Dos días después de que la funcionaria salvadoreña dijera que estaban trabajando con autoridades mexicanas para esclarecer el crimen contra Senaida, la Asamblea Legislativa emitió un recomendable a la canciller para que realizara las gestiones con México para investigar el asesinato de la misma joven.
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Sin embargo, según el padre de la víctima, como única ayuda del Gobierno solo recibieron 4,000 dólares para los gastos de repatriación del cuerpo de Senaida.
“El Gobierno no hizo nada (para exigir justicia). Lo que hizo fue desembolsar $4,000 que fue lo que costó la traída (del cadáver). En investigación y todo lo demás, creo que se olvidaron”, aseguró el padre de la joven a El Diario de Hoy.
Contrario a la importancia que el presidente Nayib Bukele y varios de sus funcionarios le han dado al caso de Victoria Salazar, en el caso de Senaida no hubo pronunciamientos de condena por el asesinato.
Seis días después del asesinato de Senaida, en Tapachula, el presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador y el salvadoreño, Nayib Bukele, suscribieron un convenio en el que México invertiría 30 millones de dólares como parte de un plan migratorio, mientras que Bukele se comprometía a crear 20 mil empleos como medida para mitigar las causas que generan la migración de salvadoreños hacia Estados Unidos.
El convenio suscrito por ambos mandatarios era parte del proyecto de cooperación y desarrollo para Centroamérica, como parte de una estrategia basada en la inversión y el empleo.
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En esos mismos días, López Obrador reaccionó enviando a la recién creada Guardia Nacional y más militares y policías para frenar el tráfico de inmigrantes por su país ante la presión de Donald Trump, amenazaba a México con subir los aranceles a los productos que exporta a ese país, si no daba muestras concretas de contribuir a detener el flujo de inmigrantes, mayormente centroamericanos, que en el último semestre de 2018 habían adoptado la modalidad de desplazarse en caravanas.
El Diario de Hoy intentó conocer la versión de la canciller sobre este caso, sin embargo, la directora de comunicaciones no respondió las llamadas que se le hicieron.