Diputados de ARENA, GANA y el PDC manifestaron ayer que se sumarán a la propuesta del diputado Raúl Beltrhán Bonilla, del PCN, de que los empleados contratados por los diputados al inicio de cada legislatura terminen su periodo administrativo al tiempo que el legislador finaliza su gestión de tres años en la Asamblea, en caso de que no fuera reelecto para un nuevo periodo legislativo.
Beltrhán Bonilla explicó que su propuesta consiste en una reforma al Reglamento Interno de la Asamblea que presentará la próxima semana. “ A ver quiénes halan la yunta. Es ingrato que por cachada si tengo un amigo le diga: mirá que te pongan por ley de salario, eso es ingrato, no puede ni debe ser”, dijo Beltrhán Bonilla.
La moción viene después de que el expresidente de la Asamblea, Norman Quijano, de ARENA, informara que muchos de los trabajadores que son contratados por los diputados al inicio de la legislatura se quedan como empleados institucionales, engrosando la carga financiera en el área de remuneraciones de la Asamblea.
De hecho, el nuevo presidente de la Asamblea, Mario Ponce, del PCN, informó ayer que en el presupuesto legislativo para 2020 hay un déficit de $1.5 millones para pagar salarios. Según el Portal de Transparencia de la Asamblea, actualmente hay 2,340 empleados, de los cuales, 1,221 son contratados por los partidos para asignarlos a los diputados.
“Nosotros no tenemos ningún problema, de hecho, siempre lo hemos hecho así. Los únicos partidos que no se han sobrepasado de sus asignaciones se llaman FMLN y ARENA, de los otros partidos tal como son GANA, PDC y PCN están sobregirados espantosamente”, comentó Julio Fabián, subjefe de fracción de ARENA.
Guadalupe Vásquez, jefe de fracción de GANA, explicó que están en la disposición de acompañar la iniciativa del PCN, y Rodolfo Parker, del PDC, también.
Sin embargo, ningún diputado de GANA respalda la petición formal de los diputados de la Directiva: Norman Quijano, Alberto Romero y Mario Marroquín, de ARENA; Francisco Merino y Serafín Orantes, del PCN; y Parker, para reformar el Reglamento, para clasificar como “personal de confianza” a los empleados designados a cada partido.