La mayoría de parlamentarios de la Asamblea Legislativa no tiene dudas de que la interrupción que provocó el presidente de la República, Nayib Bukele, de la plenaria del jueves se trató de un “boicot” para evitar que el pleno superara los vetos presidenciales que permitirían dar beneficios al personal de salud que atiende la pandemia del COVID-19 y el que posibilitaría repatriar a cerca de 4,800 salvadoreños que han quedados en el exterior por el cierre de las fronteras.
“Es una acción irresponsable, porque lo hizo ante un contexto en particular que probablemente no beneficiaba sus intereses. No podemos permitir atropellos a la institucionalidad. El presidente de la República miente a través de un tuit y genera desconcierto en la población”, reprochó este viernes el diputado no partidario, Leonardo Bonilla.
Esto en referencia a un mensaje que publicó el mandatario en su cuenta de Twitter que decía que, en ese momento, “había significativa sospecha de COVID-19 en el Salón Azul de la Asamblea Legislativa” y luego recomendó el cierre de la plenaria y el “auto aislamiento de todos los diputados y personal, mientras se descarta o se confirman los casos sospechosos y sus nexos”.
El presidente reaccionó así a un tuit que puso la diputada Milena Mayorga, de ARENA, que denunciaba que su colega Yanci Urbina, del FMLN, estaba tosiendo en medio de la plenaria.
La publicación de Bukele generó alboroto y algunos parlamentarios abandonaron sus curules y se marcharon del Salón Azul, pese a que la plenaria no había terminado. El desorden llevó a los demás diputados a acelerar el proceso y con 59 votos lograron superar el veto que beneficia al gremio de salud.
El veto que tenía que ver con los compatriotas en el exterior quedó en el limbo, porque el diputado del PCN y presidente del Congreso, Mario Ponce, terminó la sesión de forma abrupta por falta de quórum. Luego inició otra plenaria pero el parlamentario la suspendió ante la ausencia de sus compañeros y fue reanudada ayer.
“Queremos decirle al presidente Nayib Bukele que el día de ayer (jueves) boicoteó el funcionamiento del primer Órgano de Estado, agredió la institucionalidad del país, nuevamente al entrometerse en el funcionamiento de la Asamblea, precisamente cuando estábamos en la superación del veto, agredió y boicoteó la continuidad del funcionamiento de la Asamblea”, manifestó este viernes la jefa de fracción del FMLN, Nidia Díaz.
Urbina expresó que el incidente del jueves es otra transgresión que comete Bukele contra el orden constitucional, similar a la que cometió el 9 de febrero pasado cuando mandó a militarizar el recinto legislativo en un intento por obligar a los parlamentarios que le autorizaran suscribir un préstamos de $109 millones para ejecutar la tercera fase del Plan de Control Territorial.
Su compañera de partido, Karina Sosa, denunció que Bukele ha hecho un “manejo abusivo” de la emergencia de salud, pese a los constantes señalamientos de la comunidad internacional. Por ello, reveló que pedirán a la Organización de las Naciones Unidas que envíe al país un relator especial para que dé seguimiento a las vulneraciones de derechos.
Ponce justificó que cerró la plenaria del jueves porque no había votos suficientes para superar el veto de los repatriados, pese a lo dicho por las bancadas de ARENA y del FMLN, con cuyos votos, 56 en total, se logran superar vetos del Ejecutivo por inconstitucionales, como los envió Bukele a la Asamblea.
“El presidente tiene la potestad de abrir y cerrar la plenaria en el momento que estime conveniente, pero tiene que estar justificado”, argumentó el diputado de ARENA, Mauricio Ernesto Vargas.
La Junta Directiva de la Asamblea se reunió el viernes, antes de la plenaria, y acordó emitir un comunicado en donde se rechazara la conducta de Bukele que entorpeció el trabajo legislativo. Por la tarde, el pleno aprobó publicar el pronunciamiento en los principales medios de comunicación y en redes sociales.
En el documento, condenan la actuación del mandatario, se comprometen a trabajar por la democracia y los principios republicanos disponiendo de las herramientas constitucionales. Además, exhortaron a la Fiscalía General a defender el goce de las libertades y el principio de legalidad. A la comunidad internacional le pidieron registrar el contenido del comunicado.