Tras casi dos años de realizar gestiones ante la Fiscalía General de la República, un médico que en 2017 fue despojado de un edificio situado en Calle 5 de Noviembre y colonia Guatemala, al norte de la capital, el caso llegó al Juzgado Décimo Quinto de Paz de San Salvador.
Fiscalía giró orden de captura contra José Reynaldo Quintanar, el que aparece como dueño del edificio de dos plantas y un área de 500 metros cuadrados, heredado al médico en el 2003 por su abuelo.
Quintanar inscribió la propiedad del médico (quien por razones de seguridad pidió omitir su identidad) aparentemente con documentación falsa, en la que el propietario le vendía el inmueble, que sobre el mismo pesaba una hipoteca a la orden de un banco por un crédito que el profesional había adquirido para realizarle mejoras.
Para registrar el inmueble en el Registro de la Propiedad Raíz e Hipotecas debía estar libre de gravámenes (hipoteca), la deuda que tenía el médico con el banco, en apariencia fue saldada y la entidad financiera, a su vez levantó la hipoteca y certificó que la propiedad no tenía deudas pendientes de pago.
Entre tanto, la víctima afirmó que no conoce a José Reynaldo Quintanar, mucho menos ha hecho negocios de ningún tipo con él, por eso lo demandó ante la Fiscalía en junio de 2018.
Con este caso, Quintanar habría cometido el delito de falsedad material al alterar documentos legales.
La Fiscalía investigó el caso, giró orden de captura contra Quintanar a fines del año pasado pero no fue localizado, sin embargo, en su ausencia fue procesado con la acusación que pesa sobre él ante el Juzgado Décimo Quinto de Paz.
Varios fiscales afecta proceso
Ese Tribunal resolvió enviar el caso al Juzgado Sexto de Instrucción para que continúe el proceso judicial en su contra. Este juzgado dio hasta el 7 de enero para que Quintanar se presente y sea notificado del proceso en su contra.
“Si no se presentaba ese día, se declararía rebelde y el Juzgado Sexto de Instrucción decretaría la orden de captura y que siga el proceso judicial pero con él en prisión”, afirmó la víctima.
Sin embargo, el Juzgado Sexto de paz lo citará por edicto y si no se presenta, girará orden de captura.
El ofendido lamenta que su caso ha sido conocido por al menos dos fiscales lo que ha impedido tener mejores resultados.
Bancos venden casas y terrenos usurpados o desmantelados
Con frecuencia, los bancos salvadoreños anuncian en diversos medios y plataformas subastas de bienes inmuebles que han financiado pero que por alguna razón, los clientes han dejado de pagar sus cuotas y se los embargaron.
Pero varios de los beneficiados de estos créditos han abandonado sus casas o terrenos por amenazas de muerte por las pandillas.
Luego de que estos inmuebles quedan deshabitados son desmantelados por pandilleros, que en muchos casos se apropian ilegalmente de esas casas o terrenos. Una vez que toman posesión, las pandillas los alquilan o los venden a terceras personas solo de la palabra o con documentos fraudulentos.
Frente a esa realidad, propiedades que fueron compradas en $10,000 u $11,000, el banco las remata en $5,000, solo que advierte que su condición es “usurpada”, lo que quiere decir que el interesado debe rebuscarse para que los moradores irregulares (en algunos casos pandillas) abandonen las casas.
La Policía en su plan Casa Segura ha verificado varios casos de viviendas habitadas por personas que no son los propietarios. La autoridad determina esa situación cuando exigen comprobantes de la titularidad de los bienes como recibo del cobro o pago de los servicios públicos: agua, luz, teléfono o cable.
Y es que en esos casos, sucede que los usurpadores no pagan los servicios públicos y aunque lo hagan, los nombres en los comprobantes no coinciden con los del propietario del inmueble.
Patrimonio familiar en manos de delincuentes
De nada sirve a los propietarios de los apartamentos Victoria, en la colonia Antekirta, Soyapango que haya militares 24 horas y a menos de 100 metros y ellos viven sometidos a la ley de pandilleros.
Los soldados dan “vigilancia” día y noche a la estación del Sitramss ubicada sobre el bulevar del Ejército, pero a pocos metros, las personas se las ingenian para sortear a quien deben pagar el agua, o quien les llega a visitar o en el peor de los casos, a quien tienen de vecino.
Esto último porque pandilleros o familiares de estos se han apropiado de varios apartamentos en este sector soyapaneco, colindante con una escuela y una zona industrial.
El colmo, dice Ramón (nombre ficticio) quien vive ahí, es que algunos de los apartamentos usurpados son “administrados” por mareros.
Ellos controlan el servicio de agua, la cobran por mes, aunque la roban de tuberías estatales. Varios de los propietarios echaron a perder sus inversiones “de toda la vida” debido al acoso marero y porque huyeron, optaron por salvar sus vidas.