Como en muchos países de América Latina, en El Salvador las personas LGBTI enfrentan discriminación, persecución, y violencia a diario, señaló Elisa Carlaccini, jefa de la oficina local del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR).
Desde ACNUR se ha reconocido cómo en años recientes se ha incrementado alrededor del mundo el número de personas LGBTI refugiadas y solicitantes de asilo. “Fuera de cualquier duda, la población LGBTI debido a su orientación sexual e identidad de género es víctima específica de violaciones de derechos humanos, en particular al desplazamiento forzado. Esa situación en los últimos meses ha ido creciendo y estamos viendo con mucha preocupación el aumento de los crímenes de odio”, expuso Carlaccini.
La representante de ACNUR sostuvo que el principal reto que enfrentan las personas LGBTI desplazadas, internamente o en riesgo de desplazamiento, es la falta de mecanismos efectivos de protección, debido a la débil implementación por parte de las autoridades estatales o por el vacío normativo de protección para esta población en particular. Por ejemplo, el difícil acceso a la justicia y la falta de opciones de albergue temporal para responder al desplazamiento forzado son dos grandes necesidades.
“El desplazamiento forzado interno es una realidad silenciosa para muchas personas salvadoreñas, sin embargo, ocurre día a día a nuestro alrededor”, dijo.
Carlaccini expuso que aunque se han hecho esfuerzos por generar diagnósticos sobre la situación del desplazamiento forzado en El Salvador, así como por reconocer el problema, no existe una clasificación específica basada en la diversidad sexual. “El gobierno ha dado muchos pasos importantes en relación al reconocimiento del desplazamiento forzada que afecta a toda la población, pero también de forma desproporcional a las personas de la comunidad LGBTI”, dijo.
Carlaccini expuso que, debido a que es uno de los grupos más estigmatizados del país, es importante incluir a la población LGBTI dentro de las estadísticas.
Por ello ACNUR apoyó a la asociación Comunicando y Capacitando a Mujeres Trans (Comcavis Trans) en la elaboración del primer informe llamado: “El desplazamiento forzado interno de la población LGBTI en El Salvador”.
“Es muy importante para que podamos datos claros sobre las tendencias y cómo las personas son afectadas en virtud de su orientación sexual e identidad sexual”, dijo Carlaccini.
Expuso que este tipo de investigaciones ayudan a tener una idea clara de la situación y a poder pedir unas acciones que sean específicas y contundentes para responder a este fenómeno.
Huir para poder sobrevivir
El informe fue elaborado a través de entrevistas a víctimas del desplazamiento forzado que son parte de la comunidad LGBTI. Entre distintas entidades y organizaciones de atención de derechos humanos, se identificó a 102 personas LGBTI desplazadas internas.
De estos casos, 56 fueron recibidos directamente por Comcavis Trans. No obstante, es muy posible que existan más casos que no buscaron asistencia de alguna organización.
Amalia Leiva, representante de Comcavis Trans, dijo que la población LGBTI está siendo forzada al desplazamiento para poder sobrevivir a la violencia. “Es importante hablar de las muertes LGBTI, pero también hablemos de los que están queriendo sobrevivir”, expresó.
De las personas atendidas por la organización, el 31 % había tenido que huir de sus lugares de origen debido a amenazas de pandillas.
Un 27 % ya había sido víctima de intentos de homicidio debido a su orientación sexual o identidad de género. Entre las otras razones que motivaron su desplazamiento estaba la violencia física o sexual, pero también destacaba el abuso de autoridad por parte de agentes de la Policía Nacional Civil (PNC).
De acuerdo a lo expuesto por las víctimas de desplazamiento forzado, los principales perpetradores de la violencia contra las personas LGBTI son las pandillas.
Un 79 % de las víctimas dijeron que habían sido obligadas a dejar sus hogares por las pandillas. En un 17 % de los casos, los agresores fueron agentes de la PNC.
El resto se trató de personas de la misma comunidad donde vivían o de sus parejas.
Un 78 % de las víctimas de desplazamiento atendidas por Comcavis Trans son mujeres trans, siendo ellas las más vulnerables a ser perseguidas y agredidas.
El 50 % son personas de entre 30 y 60 años de edad. El 43 % tiene entre 18 y 29 años; y el 5 % eran menores de edad de 12 a 17 años. El resto eran mayores de 60 años.
Al estudiar el perfil de las personas obligadas al desplazamiento interno, se encontraron otras características que elevan su nivel de vulnerabilidad en la sociedad.
El 50 % de las personas entrevistadas solo tenía estudios de primarias, el 23 % llegó a completar la secundaria y el 18 % el bachillerato. Solo el 4 % tenía estudios de técnico y el 5 % estudios universitarios. Pero ninguna de las personas trans entrevistadas eran parte de los que tenían estudios universitarios.
Además, se reflejaba la falta de confianza en las autoridades. De todos los casos, el 62 % había puesto una denuncia. Pero el 70 % de las denuncias fueron interpuestas ante la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos de El Salvador (PDDH), el 20 % ante la Fiscalía y solo el 10 % a la PNC.
“En estos últimos tres años ha habido un descenso en la confianza que despiertan los entes del Estado, sobre todo las instancias de seguridad, a la población LGBTI”, dijo Leiva. Denunció que durante el fin de semana una mujer trans fue atacada por tres agentes de seguridad privada y que en la delegación de la Policía no quisieron recibir su denuncia.
Sandra Agreda, subdirectora de la Dirección de Atención a Víctimas del Ministerio de Justicia, dijo que tomaría nota sobre el caso. Aseguró que están interesados en trabajar y erradicar todas las formas de discriminación.
Leiva lamentó que de todos los graves casos que han ocurrido durante las últimas semanas no ha habido avances en las investigaciones. Y que mientras no ha habido pronunciamiento del director de la PNC, esperaban que se puedan tener avances a través del ministerio.
“Como sistema de Naciones Unidas se ha pronunciado para condenar estos recientes homicidios de las personas LGBTI, muchos de ellos ocasionados con lujo de barbarie. Hacemos un llamado a las autoridades competentes para que estos crímenes de odio sean investigados a profundidad”, dijo Carlaccini, quien también pidió acciones en favor de las personas desplazadas.
