Ante la propuesta de Reforma de la Ley Reguladora del Depósito, Transporte y Distribución de Productos de Petróleo, presentada por el oficialismo al pleno legislativo y que fue enviada a la Comisión de Economía para su discusión, las empresas que conforman el 80% de la industria gasera en El Salvador expresan su total rechazo; pues esta debió ser previamente analizada y contar con la concurrencia de todos los sectores involucrados en pleno respeto a sus derechos, obligaciones y competencias.
La iniciativa pretende, entre otras cosas, reformar puntos específicos, entre los cuales está la idea de eliminar el sistema segregado que practican actualmente las empresas y que permite diferencias los cilindros pertenecientes a las mismas.
"Las razones que sustentan esta reforma consideran, sin fundamento técnico conocido, que el sistema de intercambio actual de cilindros entre gaseras es ineficaz y genera prácticas anticompetitivas, además de no posibilitar al usuario final elegir libremente su proveedor de gas licuado; afirmaciones que carecen, de sustento fáctico, dado que, en la práctica cotidiana es el consumidor quien escoge al proveedor sin que el sistema de intercambio de cilindros sea un elemento a tomar en cuenta al momento de decidir sobre su preferencia", aseguran los representantes de las principales empresas envasadoras de gas propano en el país.
A esto se suma que, ese nuevo sistema le restaría seguridad a los cilindros de gas propano, pues actualmente, cada empresa se encarga de darle mantenimiento y garantizar que no haya accidentes con él.
De esta manera, el sector considera que el sistema actual de intercambio de cilindros por marca funciona de manera eficiente y no representa un problema de competencia entre las gaseras; sin duda alguna puede mejorarse; pero, las mismas deben estar precedidas por los estudios técnicos que determinen, en forma científica, las deficiencias del modelo vigente y, consecuentemente, las medidas idóneas, necesarias y proporcionales que deben adoptarse.
Así, la industria solicita a los honorables diputados de la Comisión de Economía de la Asamblea Legislativa un análisis profundo e inclusivo previo a entregar sus conclusiones al pleno legislativo.
