Una convocatoria de más de 50 jugadores, entre nacionales y extranjeros, tuvo ayer la mesa de diálogo a que convocó la Asociación de Futbolistas Profesionales de El Salvador. El punto principal a abordar era la reducción de salarios al 50% durante el mes que esté suspendido el torneo, debido a la emergencia nacional que decretó el Ejecutivo.
En dicha reunión estuvieron presentes los federativos Hugo Carrillo, Ernesto Allwood y el secretario general Emerson Ávalos. Sin embargo, se esperaba la presencia de directivos de Primera, Segunda y Tercera División.
“Estamos conscientes que nuestros directivos van a hacer un tremendo esfuerzo, creeríamos que esto afectará a todos en el bolsillo y lo queremos dejar a la buena voluntad de ellos. Si han visto conveniente dar el 50% ahorita vamos a acatar, no queremos entrar en polémica, es difícil la situación que está pasando, entendemos que jugar sin público también afecta el bolsillo. Nos acoplamos, ni modo, digo ni modo porque no fuimos tomados en cuenta a las decisiones y solo hemos pedido la explicación para tener la versión oficial”, manifestó Carlos Carrillo, presidente de la Asofutproes.
Alexander Portillo, abogado de @asofutproes dice que la idea es ser tomados en cuenta para la decisiones que se tomarán @EDH_Deportes pic.twitter.com/4Edxkagft2
— Raúl Recinos (@raulonlon10) March 16, 2020
El exjugador de Independiente también manifestó que han solicitado que para las próximas reuniones que se tengan como Liga Mayor, los tomen en cuenta para ser parte de las decisiones. Además, agregó que estarán vigilantes de las decisiones que resulten de la segunda y tercera división, que se reunían este lunes para tomar la decisión.
Así mismo, Samuel Gálvez, presidente de la Primera, manifestó que la postura sigue igual y que esperaba la compresión de los jugadores con las dificultades que llevaron a suspender el Clausura.
Lisandro Pohl, director Ejecutivo de Alianza, enfatizó en que tuvo una reunión con su equipo para explicar la reducción de salarios: “El jugador va terminar con 30 días en los que no va tener actividad y va cobrar un dinero que no estaba en su presupuesto”.