Guatemala reporta más de 290 capturas en primeras 48 horas de estado de sitio

El Gobierno de Guatemala informó este martes los primeros resultados del estado de sitio decretado en varias zonas del país como parte de una estrategia para combatir a las pandillas y estructuras del crimen organizado.

Según datos oficiales, en las primeras 48 horas de vigencia de la medida se registró la captura de 23 presuntos pandilleros, así como la detención de 293 personas. Además, las fuerzas de seguridad incautaron 37 armas de fuego, y recuperaron 205 motocicletas y 73 vehículos con reporte de robo o vinculados a hechos delictivos.

Los operativos son ejecutados de forma conjunta por el Ejército de Guatemala y la Policía Nacional Civil (PNC), con presencia militar permanente en comunidades consideradas de alto riesgo.

¿Qué es el estado de sitio?

El estado de sitio es una medida de excepción contemplada en la Constitución de Guatemala que permite al Ejecutivo restringir temporalmente ciertos derechos constitucionales cuando existe una grave amenaza al orden público, la seguridad interna o la estabilidad del Estado.

Durante su vigencia, las autoridades pueden:

• Limitar la libre locomoción, estableciendo retenes, controles vehiculares y restricciones de circulación.
• Prohibir reuniones y manifestaciones públicas.
• Autorizar allanamientos sin orden judicial previa, bajo circunstancias específicas.
• Permitir detenciones por motivos de seguridad, con plazos distintos a los ordinarios.
• Reforzar la presencia militar en apoyo a la seguridad civil.

Estas facultades buscan facilitar operativos rápidos contra estructuras criminales, aunque su aplicación debe ser temporal y justificada.

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Vigencia y controles

El estado de sitio tiene una duración inicial definida por el Ejecutivo, pero debe ser ratificado por el Congreso para continuar vigente. Las autoridades aseguran que la medida será evaluada constantemente y que se respetarán los derechos fundamentales que no pueden ser suspendidos, como el derecho a la vida y la prohibición de la tortura.

Organizaciones de derechos humanos han insistido en la necesidad de garantizar el debido proceso y evitar abusos, mientras sectores ciudadanos esperan que la medida se traduzca en una reducción sostenida de la violencia y la criminalidad.