Diputados independientes de la Asamblea Legislativa consideran que el acceso a la justicia en el país es un derecho que no está al alcance de todas las y los salvadoreños o que solo está disponible para unos pocos con el actual régimen de gobierno.

La coordinadora del grupo parlamentario de la Alianza Republicana Nacionalista (ARENA), Marcela Villatoro, considera que la justicia es algo inexistente en el país.

"Y si hay justicia es para las personas más privilegiadas y no para el salvadoreño de a pie, para el que la está pasando mal", lamenta.

Para la diputada, en El Salvador es complicado el acceso a la justicia, incluso considera que reformas hechas por la Asamblea Legislativa "han puesto en menoscabo los derechos de los ciudadanos".

"Al final de cuentas, nuevamente nos vemos en un retroceso de los derechos constitucionales de los ciudadanos y queda mal ponderación como país, nos vemos mal internacionalmente, porque no estamos dando lo mejor para los menos privilegiados de El Salvador", añadió.

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Villatoro lo dijo por las personas que no pueden tener un acceso al debido proceso cuando el país está en régimen de excepción, y a las víctimas de esta medida cuando se les pone un abogado, "no vela realmente por ellos dentro de la Procuraduría y que tiene tantos casos que al final no resuelven ni uno".

También, alude a los juicios masivos en el marco del régimen de excepción y que se realizan así por una reforma de ley aprobada por el oficialismo.

"Se están haciendo a las personas sin prueba alguna de que realmente hayan cometido algún tipo de delito o aquellas personas que, al final de cuentas, están presas bajo el régimen de excepción, que llevan años y que tienen carta de libertad porque no cometieron ningún delito y no se les ha dado la libertad", expresó.

Para el diputado arenero, Francisco Lira, la justicia está cada vez más en una situación deplorable en El Salvador.

Lira sostiene que "no hay un Estado de derecho, no hay institucionalidad y que toda medida depende de una orden que puedan emitir desde Casa Presidencial".

"Purga judicial"

La diputada suplente de Vamos, Cesia Rivas, explica que el acceso a la justicia debe medirse desde la atención oportuna y expone que se requiere de un juez calificado para el cargo y también las garantías de otros tribunales para, por ejemplo, presentar recursos, porque se han vulnerado derechos.

Sin embargo, señala que eso no pasa en el país desde que se cambiaron a los jueces en 2021.

"Desde esa purga judicial muchos jueces que ahora dirigen tribunales no tienen las competencias para el cargo, no conocen la materia muchos de ellos y algunos de ellos si bien habían pasado por el Consejo Nacional de la Judicatura, pero no todos. La falta de conocimiento es lo más grave", advierte.

Rivas añade que no hay nada peor para alguien que pide justicia que al frente esté un juez ignorante de la ley, de los criterios internacionales y de la jurisprudencia.

"Es ahí en donde no hay acceso a la justicia. Vemos por un lado una Sala de lo Constitucional que no recibe amparos, no está ejerciendo nada por la ciudadanía, no recibe los Hábeas Corpus", condenó.

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La diputada explica que la justicia se compone de todo un Ministerio Público, desde la Corte Suprema de Justicia, la Procuraduría General de la República y también la Fiscalía General.

"Si vemos, por un lado, que no hay fiscales que lo que están haciendo es investigar o actuar de forma selectiva, la justicia será selectiva también. Si vemos procuradores sumisos al oficialismo que tampoco ejercen su función, por eso hoy por hoy no hay acceso a la justicia, mucho menos pronta y cumplida; vemos cómo se dilatan las audiencias", manifestó la legisladora.

"Hay toda una fórmula para que un ciudadano no pueda acceder a la justicia en El Salvador", concluyó.

Según el técnico jurídico de la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (FESPAD), Ricardo Montoya, algunos de los derechos cívicos son: la libertad de expresión, el derecho de asociación y el acceso a la justicia. Este mes la organización ciudadana informó que en los primeros cuatro meses de 2025 hubo al menos 54 vulneraciones contra dichas garantías constitucionales.

La organización evidencia bimestralmente el recuento de casos de vulneraciones de dichas garantías que aún están vigentes en la Carta Magna, aunque destacan altos números de ataques, advierte que falta medir el acceso a la justicia en la población.