Félix Ulloa: El Gobierno da servicio de "alojamiento penitenciario"

"En vista de la calidad y seguridad de las instalaciones que proponemos, se está dando este servicio que podríamos llamar un alojamiento penitenciario". Así es la respuesta que el vicepresidente de la República, Félix Ulloa, habría dado a la pregunta sobre la relación de El Salvador con Estados Unidos y la legalidad en el uso del sistema penitenciario para recibir a migrantes deportados de la nación norteamericana.

El medio El Grand Continent publica este 6 de mayo una entrevista con el vicepresidente salvadoreño en la que se consultó sobre esta alianza entre el gobierno de Nayib Bukele con el de Donald Trump para el recluir en el Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT), la mega cárcel en Tecoluca, a personas que sean deportadas de Estados Unidos.

De acuerdo a la publicación, a la pregunta de cómo se justifica legalmente que el CECOT se convierta en una suerte de cárcel estadounidense y si no sería una forma de vasallización extrema hacia Estados Unidos, Ulloa dijo que es una situación de oferta de servicios.

"No, definitivamente no. Lo que nosotros hacemos es diferente. El Salvador es un país que propone una oferta de servicios a la comunidad internacional. Tenemos una oferta de servicios turísticos, de servicios tecnológicos —aquí en El Salvador está instalada una de las oficinas más grandes de Google—, de servicios médicos", dijo Ulloa.

La publicación consigna que el vicepresidente incluso lo comparó con el turismo médico.

"Es como si viene una persona a El Salvador y pide tratamiento médico; tenemos turismo médico para personas que vienen a hacerse tratamiento odontológico, etc.", dijo

Agregó que no ven que sea un tema de derecho internacional ni de conflicto internacional "en la medida en que está respaldado por la prestación de un servicio. La calidad de los internos o de la persona que viene no la califica El Salvador; la califica el Estado que pide la prestación de servicio".

Pero esto contrasta con denuncias y señalamientos de organismos nacionales e internacionales de vulneración al derecho que se encarcelen en el país a personas que no han sido procesadas ni acusadas de delitos en el territorio salvadoreño o que sean detenidos cuando fueron deportados bajo leyes migratorias ordinarias de EE.UU. Incluso tribunales estadounidenses frenaron las deportaciones.

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La mayoría de deportados son venezolanos (252), a quienes el presidente Bukele ofreció canjear con el régimen de Nicolás Maduro a cambio que libere a igual número de presos políticos, lo que fue rechazado por Caracas y denunció que se trata secuestro y violación del derecho internacional.

"Aquí estos están presos por haber cometido delitos en un país que los ha enviado y nosotros los tenemos en alojamiento penitenciario. Entonces, cuando el presidente da esta solución, esta salida, nadie de la comunidad internacional piensa en los presos políticos de Venezuela", argumentó Ulloa.

Y calificó de "doble moral" a quienes piden la liberación de los venezolanos.

Relación comercial

Ulloa también señaló a dicho medio que poner a disposición el sistema penitenciario se enmarca en una relación comerciales y financiera y que puede ser solicitada por cualquier país. Fue el mismo gobierno el que informó que recibiría un pago anual de Estados Unidos.

"Cualquier país puede requerir los servicios de las instalaciones penitenciarias de El Salvador. Tenemos la capacidad para poder brindar ese servicio. Es una relación de carácter estrictamente comercial o financiero. Es una relación de prestación de servicio; es decir, no se trata de una exportación —como muchos lo han dicho— de un sistema carcelario", expuso Ulloa.

Según el vicepresidente, funcionarios de varios países han visitado tanto el CECOT como el centro penitenciario de Santa Ana para ver cómo funciona el modelo. Los últimos habrían sido de Ecuador.

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"En ese sentido, le damos por ejemplo a los internos la posibilidad de conocer nuevas formas de trabajo o desarrollar nuevos oficios para algunos de ellos en panadería, en agricultura, sastrería, carpintería, etc. con un programa que se llama Cerio Ocio", señaló.

El programa está a cargo de la Dirección General de Centros Penales (DGCP), que está liderad por Osiris Luna, quien está incluido en el listado de Actores corruptos y Antidemocráticos, conocida como Lista Engel, que le impide el ingreso a territorio estadounidense.

El vicepresidente aseguró que ha compartido información del modelo de seguridad y del plan control territorial con otros países, destacando la reducción de homicidios.

Niega negociaciones con pandillas

A Ulloa también se le preguntó: ¿Es posible establecer la paz en El Salvador como lo ha logrado su administración sin negociar —o sin haber negociado en algún momento— con las maras?

Y negó que el gobierno de Bukele haya negociado con pandillas, pese a que investigaciones periodísticas revelaron que hubo un pacto con pandillas para que ganara las elecciones como alcalde en 2015 y para su partido en las legislativas de 2021.

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"Desde luego. Es decir, este gobierno jamás ha negociado con las maras", dijo.

Y se refirió solamente a los casos de negociaciones que habrían funcionarios del gobierno del FMLN y exalcaldes de ARENA.

Aunque negó que se haya negociado, señaló que si algún funcionario hizo negociaciones fueron "acciones aisladas".

"En el caso de El Salvador, desde 2019 hasta la fecha, el presidente Bukele jamás ha autorizado ningún tipo de negociación con las pandillas. Hay casos periodísticos que dicen que algún funcionario negoció: son acciones aisladas. No es una política de gobierno", afirmó.

Según la entrevista del periódico digital El faro con dos líderes de pandillas, fue director de Tejido Social, Carlos Marroquín, su enlace con el gobierno de Bukele y con quien se facilitó el ingreso a cárceles para que tuvieran reuniones con cabecillas.

Sobre dicha entrevista, en la que "Charly" relata cómo fue liberado cuando fue detenido, Ulloa dijo que "cuando el presidente Bukele fue alcalde de la ciudad de San Salvador, dijeron que también había negociado con las pandillas para liberar las calles del centro de la ciudad. Es posible que en las negociaciones con los líderes de los vendedores ambulantes hayan habido pandilleros y por eso dicen ellos que son negociaciones entre las pandillas y el gobierno. Pero como política de Estado nunca ha habido negociación".

Según Ulloa, en gobiernos anteriores para negociar beneficios, las pandillas incrementaban los homicidios y que eso intentaron hacer en 2022, cuando fueron asesinadas 86 personas en un fin de semana; pero que derivó en la aprobación del régimen de excepción.

"Entonces eso le demuestra que no ha habido ningún tipo de negociación con ellos. La prueba es que tenemos a los cabecillas del más alto nivel de las pandillas encarcelados", sostuvo Ulloa.

El gobierno asegura que ha detenido a más de 85,500 personas que vincula con pandillas, pero organizaciones de derechos humanos reportan que hay miles de detenciones arbitrarias, además de otras vulneraciones como torturas y muertes bajo custodia del Estado.

Ulloa dijo que se han liberado 7,000 personas que se comprobó en tribunales que son inocentes. En noviembre de 2024, Bukele mencionó 8,000 liberados.