Una coalición de 17 estados liderada por Texas interpuso hoy una demanda contra las medidas ejecutivas sobre inmigración anunciadas en noviembre por el presidente estadounidense, Barack Obama, por las que se regulariza temporalmente a cerca de cinco millones de indocumentados.
Así lo anunció el procurador general de Texas y gobernador electo, Greg Abbott, que interpuso la demanda ante un tribunal federal al considerar que Obama se extralimitó en sus poderes.
“El presidente está renunciando a su responsabilidad de hacer cumplir fielmente las leyes que fueron debidamente promulgadas por el Congreso y está intentando reescribir las leyes de inmigración, lo cual no tiene autoridad de hacer”, dijo Abbott en rueda de prensa.
Los estados que acompañan a Texas en la demanda son Alabama, Georgia, Idaho, Indiana, Kansas, Luisiana, Maine, Misisipi, Montana, Nebraska, Carolina del Norte, Carolina del Sur, Dakota del Sur, Utah, Virginia del Este y Wisconsin.
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Se trata de la segunda demanda de alto perfil en contra de las medidas promovidas por Obama, tras la anunciada por el polémico alguacil de Arizona Joe Arpaio, conocido por su mano dura contra los indocumentados y sus redadas en negocios que les dan trabajo.
Por su parte, el presidente de la cámara baja, el republicano John Boehner, instó el martes a sus compañeros a aprobar un presupuesto que solamente financie al Departamento de Seguridad Nacional (DHS), el encargado de ejecutar dichas medidas migratorias, hasta marzo de 2015, cuando está prevista su puesta en vigor.
La de Abbott, que el 20 de enero asumirá como nuevo gobernador de Texas, es la demanda número 31 en contra de Obama desde que el político demócrata accedió a la Casa Blanca en 2009.
Tanto él como el actual gobernador, Rick Perry, potencial aspirante a la Presidencia en 2016, han alertado de que estas medidas ejecutivas, lejos de beneficiar a la nación, conllevarán más “inmigración ilegal” y más inseguridad en la frontera.
Obama anunció el pasado 20 de noviembre un paquete de medidas unilaterales para regularizar a más de cinco millones de indocumentados, la mayoría padres con hijos que son ciudadanos o tienen residencia permanente en el país.