Un conglomerado de organizaciones pro inmigrantes e iglesias del Área Metropolitana de Washington arrecian esta semana movilizarse para evitar que el gobierno de los Estados Unidos cumpla lo que ha venido adelantando durante días: el inminente retorno a sus países de origen a los menores de edad sin acompañante que han llegado a la frontera estadounidense y que por ahora están en su resguardo mientras toman una decisión final en cooperación con los gobiernos de El Salvador, Guatemala y Honduras, de donde provienen la mayoría de los forasteros indocumentados bajo su custodia.
Por lo menos nueve organizaciones, que dentro agrupan a otras instituciones que trabajan con el tema, quieren inyectar en la opinión pública que la situación en la frontera es una crisis humanitaria a la que el gobierno de Estados Unidos debe responder con “medidas de alivio y no deportación”, como han adelantado las autoridades.
La noche de este lunes, los activistas vuelven a concentrarse en las afueras de la Casa Blanca para arreciar la lucha que consideran justa para permitir que los menores permanezcan en suelo estadounidense, porque los países de donde son nativos, representan serios peligros para su integridad con el tema de la violencia.
Las demostraciones comenzaron la semana pasada frente a la Casa Blanca para condenar la actitud de la administración del presidente Barack Obama, que trabaja con sus departamentos en la búsqueda de salidas técnicas a la crisis; todas enfocadas a la repatriación de los menores, esto en contra de las peticiones de los activistas y autoridades locales.
Los activistas insisten que todos los recién llegados que han copado los albergues del Departamento de Seguridad Nacional, DHS, en los estados de Texas y Arizona, y que han obligado a las autoridades migratorias a reubicarlos dentro del país, son víctimas sistemáticas de la violencia y que su migración responde a una crisis de seguridad sin precedentes en el Triángulo Norte, el que conforman El Salvador, Honduras y Guatemala.
“Vamos a luchar por las familias hasta que nuestros seres queridos estén unidos, a salvo de la explotación, el trato humano de la manera que creo que los estadounidenses creen que debemos aspirar…vamos a exigir un alivio administrativo para todas las familias indocumentadas, que sea a la vez amplio y profundo”, asegura Gustavo Torres, director ejecutivo de Casa de Maryland, que ahora ha extendido sus campos de acción hasta Virginia, con la casa recién abierta en ese estado.
La legisladora salvadoreña en Maryland, Ana Sol Gutiérrez, anunciaba entusiasmada este lunes la adhesión del gobernador de Maryland, Martin O’Malley a la campaña para exigir a la Casa Blanca desistir del camino de la deportación para solucionar el tema de la crisis de los menores retenidos.
“Necesitamos más líderes fuertes como el gobernador O’Malley para hablar en defensa de los niños vulnerables”, reiteró Gutiérrez en su comunicado, en busca de que se activen voces para exigir al presidente Barack Obama y al Congreso de agilizar medidas para modificar las leyes que impiden a Estados Unidos deportar a menores de edad cuando estos provienen de países más allá de sus fronteras terrestres como México y Canadá.
Cindy Monge, una joven de 19 años proveniente de uno de los tres países centroamericanos enrolados en la crisis, y quien ahora goza de la Acción Diferida por haber entrado al país hace 8 años, es una de las testigos que utiliza el movimiento para mostrar el rostro humano y de oportunidades que se abren a los jóvenes que logren una medida que les beneficie para estar de manera legal en suelo estadounidense.
“Yo estuve en un centro de detención. Sé cómo se siente. Da mucho miedo”, explicó la joven a la prensa, a la vez critica la dureza mostrada por el gobierno estadounidense al no haber puesto en libertad a los menores para que muchos se reúnan con familiares en Estados Unidos, como fue su caso y el beneficio posterior que tuvo con el alivio migratorio dado por haber entrado antes de cumplir la mayoría de edad y estar inscrita en la escuela al momento de la medida.
Los directores de organizaciones aseguran que no pararan para presionar por la vía de las protestas y otras formas de cabildeo que hagan desistir a la administración Obama de mandar de nuevo a los menores a sus países de los que salido “”huyendo de la violencia y la pobreza y que no sean tratados como criminales”, plantea Torres.