Hay quienes piensan que “inteligencia del Estado” es una contradicción en términos, sobre todo cuando los pandilleros logran infiltrar instituciones y saber de operativos contra ellos, o hacen pactos facilitados por autoridades de ese mismo Estado como ocurrió durante la gestión de Funes.
A esto se agregan leyes que más bien alentaron el sentimiento de impunidad de las entonces incipientes pandillas, como la ley del menor infractor aprobada en 1994, que prohíbe llevar controles, tomar fotografías o ni siquiera registrar los nombres de pandilleros, asesinos o extorsionistas menores de 18 años, justamente el rango de edades en que esos individuos operan.
En tal sentido “somos más papistas que el Papa”, pues en la mayoría de países del Primer Mundo, incluyendo la Gran Bretaña y Estados Unidos, se informa del nombre y se publican las fotografías de “menores infractores” que asesinan, extorsionan o cometen actos reprobables, incluyendo traficar drogas.
El proyecto de la ley en aquella época llegaba a absurdos como decir que los menores acusados de un delito podrían encarar o incluso interrogar a los testigos en su contra, o sea reconocerlos e intimidarlos. Además muchos asesinatos, violaciones y otros crímenes horrendos quedaron en la impunidad porque los jueces alegaron que el internamiento de los menores hechores “debía ser una medida extrema”, por lo cual más tardaban en entrar a un tribunal que en salir.
Las disposiciones protegen a los delincuentes y dañan a los niños y jóvenes honestos, pues éstos no tienen forma de comprobarlo si por un error los capturan y, como se ha visto que hacen policías, les plantan droga para encarcelarlos.
Si unos policías detienen a dos menores de edad, llamar a la central para verificar si se trata de jóvenes estudiantes o pandilleros es complicado, pues ninguna autoridad puede legalmente llevar tal información.
Intentando persignarse ellos, arañan a niños buenos
Las leyes minoriles son la nodriza, al cuidar que sus miembros se amparen en el anonimato, en la falta de registros.
Como decimos, estas truculentas disposiciones dejan en indefensión a los jóvenes no delincuentes, que “mientras se averigua” no pueden demostrar su inocencia aunque el vecindario donde viven y los centros donde estudian los respalden, pues para entonces y con la droga plantada por los captores, las autoridades no dan marcha atrás “por cuestión de imagen”.
Enmendar esas disposiciones es una de las grandes tareas pendientes en el país.
Lo mismo hacía la guerrilla con el reclutamiento de niños para usarlos como carne de cañón, ponerlos al frente de sus soldadescas e inclusive de las marchas que montaban en los años 70 y 80.
Muchas de esas leyes, que incluso debilitan la autoridad de los padres, son producto de los desplantes de algunos diputados para demostrar su inclaudicable “sensiblería social”, su amor por la infancia y la familia, etcétera, sin medir el grave daño que hacen a esos seres.
Y uno de esos daños son las regulaciones referentes a la adopción, que prácticamente hacen imposible a familias tanto nacionales como del extranjero, adoptar niños.
Pobres niños de El Salvador, acosados por el esquema esclavista de las pandillas, sin perspectivas para encontrar empleo, adoctrinados por muchos de sus “maestros”.