No hay ni un solo presunto corrupto de izquierda que esté encarcelado, pese a que lo de “presunto” es un calificativo obligado para poner a salvo de demandas de toda naturaleza a quienes hablan del tema.
Sin embargo, aunque se sigue presumiendo su inocencia pues no se ha determinado lo contrario en un juicio con arreglo a las leyes y al debido proceso, la semana anterior quedó la impresión de que se buscaba a toda costa mandar a la cárcel a Ana Ligia de Saca, comenzando por imponerle una fianza que inicialmente ella afirmó que no podía rendir y que incluso ponía en la mira de las autoridades a quien le ayudara. De hecho, se llegó al extremo de ordenar la captura de la ex primera dama, decisión que no se revirtió hasta ayer.
No es que tribunal, fiscalía y gentes se pongan de acuerdo para hundir a la señora de Saca o a quien sea, sino que más allá se muestran los intereses de la extrema izquierda movidos por sus vísceras y que coinciden en una cosa: mientras más daño hagan a “la burguesía”, mejor, aunque en el propósito se lleven de encuentro sectores, cadenas productivas, empleos de la gente, asistencia real en hospitales.
El daño y los perjuicios a otros no les importan siempre que sus venganzas se perpetren, aunque eso lleve a la gente a pasar hambre y penurias, como ha sucedido en otros casos.
Lo que quedó claro es que el intento de meter a la cárcel a doña Ligia es parte del circo montado por el establishment oficialista, donde los requetecorruptos están muy cómodos en la cama mientras los sospechosos o realmente culpables de malos manejos que no son de la izquierda de inmediato los tiran al suelo.
Lo que sigue es convertirnos en otra Venezuela con hambrunas a la africana
Mientras tanto, la lucha contra la corrupción parece haber perdido impulso, lo cual es un alivio para muchos que están bajo la lupa de Probidad y la Fiscalía, comenzando por los que se van para Nicaragua para burlar el brazo de la justicia, incluso con la ayuda de quienes tanto se ufanaban de luchar contra la impunidad.
Y esta historia, queridos compatriotas, ilustra una terrible realidad: que todo el Orden de Derecho de una nación democrática que protege imparcialmente a todos los ciudadanos –donde todos son iguales ante ella, no habiendo unos más iguales que otros– no vale en países que tienen la inmensa desgracia de caer en manos de totalitarios, donde las leyes, que se cambian a su capricho, son para perpetuar los abusos y los saqueos y perseguir a cualquier disidente, como sucede actualmente en la dictadura de Venezuela.
En tales desgraciados países lo que rigen son leyes elásticas que se formulan de acuerdo con las circunstancias, aunque prácticamente desde el punto de partida están ya diseñadas para perpetuar en el poder a los ladrones y machacar al resto –que son siempre la mayoría– para que no tengan oportunidad de levantar cabeza a menos que instituciones de peso, digamos la OEA, intervengan aplicando la Carta Democrática.
Como dijo el presidente Trump, ahora Venezuela es un caso humanitario.