“Ahorcamos a los ladronzuelos pero nombramos a los grandes ladrones en cargos públicos”, dijo Esopo, quien sin duda estaba pensando, hace dos mil trescientos años, en lo que iba a suceder hoy en El Salvador y Venezuela.
Clarividente el inmortal autor de las más leídas fábulas de la literatura mundial.
El Tribunal de Ética apoya en una medida lo que dijo Esopo: no puede el Estado ponerse a averiguar el origen de los caudales y bienes del expresidente de la Asamblea Legislativa, Sigfrido Reyes, por tratarse de un “patrimonio privado”.
En otros términos, privatizar dineros públicos es el equivalente de concederles una forma de asilo, como antes las iglesias protegían a los perseguidos, fueran o no culpables de perpetrar alguna fechoría.
Asilar fondos es el equivalente de refugiarse en Brasil, que no contempla extraditar a ladrones que roben en otras latitudes, una vez que obtienen residencia o son nacionales del país.
La tesis del Tribunal viene como anillo al dedo a los rojos, que junto a sus aliados aprobaron un decreto que dificultaría investigar y propiciaría más bien darle largas y largas al asunto hasta que nadie se acuerde de los casos. Por eso se complica la investigación de los patrimonios de los últimos dos presidentes.
El único pelo en la sopa es que ya hay un caso, relacionado con la CONCACAF, en que un tribunal estadounidense indició a un exdirectivo y reclama su extradición, lo que abre las puertas para venideras investigaciones sobre lavado y aunque se rechace la creación de una CICIG en este suelo alegando que “no se necesita”.
Hay otra variante en las posturas del oficialismo sobre casos o acusaciones de corrupción: ser selectivos, persiguiendo sin tregua a opositores al mismo tiempo que se protege a quienes hechos, modos de vida, desplantes de opulencia, mansiones, etc., les señalan un enriquecimiento de origen dudoso.
La corrupción: extorsiones
que pagan todos en un país
La reforma que pretende dar el decreto legislativo sobre Probidad vendría a consagrar un medular principio revolucionario: “lo robado, robado queda”.
Y siendo así, la corrupción muy pronto se extiende, como una lepra, a lo largo y ancho de una sociedad, pues el corrupto no se mueve solo, sino que requiere del concurso de mafias y cadenas de cómplices para ir agrandando su botín.
Hay consecuencias graves. La primera, que para sostener a los corruptos, que son una variante del extorsionista, los costos de producir, fabricar, vender, etc., se tienen que elevar, costos que se pasan a los consumidores que es la población entera.
Esas fortunas inexplicables que no se investigan por tratarse de “bienes privados”, las paga hasta el más pobre de los salvadoreños.
Lo segundo, que la corrupción afecta negativamente la eficiencia de una economía, pues las presiones que los corruptos montan sobre negocios y productores distorsionan procesos, retardan trámites, afectan costos como se ha dicho y exponen al que fabrica a sufrir inspecciones y/o multas.
Y cuando no se paga la mordida, los corruptos pueden destruir a un productor imponiéndole exigencias, más si la víctima puede catalogarse como parte de la “oligarquía neoliberal”, la perversa ocurrencia para caerle encima al quehacer productivo de una nación.