“La desconfianza rodea una licitación pública que la Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma (CEPA) lanzó en marzo pasado y que aún no adjudica a ninguna de las compañías que presentaron ofertas…”, dice una noticia de EL DIARIO DE HOY. “Se trata de un concurso para contratar, durante los próximos cinco años, a dos operadores en el Aeropuerto Internacional de El Salvador.
“Actualmente prestan servicio tres empresas especializadas y una línea aérea.
“Las dudas surgen por el hecho de que la licitación no fue formulada por la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Públicas (UACI), que normalmente gestiona estos concursos, sino por la gerencia general de la autónoma”, a cargo de un militante del partido en el poder y que ha llevado a cabo destituciones masivas de técnicos y gerentes de CEPA, según se ha denunciado.
“Tampoco se tiene un sistema de evaluación de las ofertas”, prosigue la noticia, dejando “a discreción del evaluador la calificación que se le asignará a la propuesta legal, la técnica, la financiera y la económica y que garantizan a las empresas competidoras un trato igualitario.
“Las bases de licitación de CEPA señalan que se contratarán a ‘las empresas mejor evaluadas…’ “.
Esto, en lenguaje de la calle, es concesionar a dedo servicios y competencias sin ceñirse a lo que exige y determina la ley, a diferencia de lo que se hizo ajustándose a las leyes vigentes en 2002 para desarrollar la geotermia y lo que ha llevado a un diabólico proceso contra las autoridades de CEL de entonces.
Hay en esto dos agravantes: el primero, que al nombrar grupos que no cuentan con las cualificaciones debidas, experiencias asentadas y determinadas en procesos objetivos y transparentes, se pone en riesgo la seguridad de los pasajeros de las líneas aéreas, como la seguridad de las aeronaves que sirven el país.
El segundo, que dependiendo los operadores de la voluntad de las autoridades de CEPA (se dice desde siempre que quien nombra y paga a los músicos define el programa del concierto), pueden comenzar a hostigar a unos en beneficio de otros.
Algunos ven en esta maniobra una extensión de lo que sucede con Sitramss: se toman vías públicas para montar un negocio privado, y en el proceso se hostiga, regimenta y coarta a las líneas y empresas de buses que hasta el Sitramss prestaban servicio en San Salvador.
El pleito de siempre:
tigre contra burro amarrado
En apariencia, los rojos en el poder están en proceso de acaparar en su favor transportes vitales del país, el transporte urbano y el aéreo, lo que en parte está financiando con fondos públicos como la infraestructura levantada para el Sitramss, a lo que se suman los destrozos de las calles de San Salvador, para embolsarse las ganancias que haya.
Cargar pérdidas y gastos al país y privatizar beneficios…
La práctica de los negocios que montan los efemelenistas se basa en cargar los dados a su favor al mismo tiempo que se encarecen las operaciones de sus competidores, a lo que se suman impuestos, supervisiones, acoso permanente y arbitrariedades, como la decisión de limitar la vida útil de los autobuses a diez años y los continuados cambios de rutas.
Es el pleito de tigre contra burro amarrado…