Los diputados rojos están promoviendo un “endurecimiento” de penas a los evasores fiscales, lo que de seguro se va a convertir en una cacería con dedicatoria de grupos y personas.
Y la cacería y los hostigamientos iniciaron ya con la publicación de nombres de personas y empresas que están en proceso de revisión de expedientes y, por tanto, no son culpables de nada indebido. A lo anterior se suma lo que propuso una diputada comunista hace un tiempo: llevar a cabo juicios públicos en la Asamblea, lo que haría del cuerpo una especie de “tribunal popular” para linchar a opositores.
Pero el endurecimiento no debe ser contra los contribuyentes, que sostienen empleo y producen bienes y servicios esenciales para la población, sino para perseguir y castigar a los corruptos que se roban lo recaudado o malversan patrimonios públicos en su provecho.
Hacienda no asegura imparcialidad en cuestiones tributarias, ya que las instancias legales —salvo la Sala de lo Contencioso— se manejan por ellos mismos, lo que hace de esos tribunales especializados “jueces y parte” además de facilitar que un proceso se alargue al infinito, haciendo incurrir a sus víctimas en costosas defensas y arruinando su imagen y reputación.
A esto se agrega otro hecho: que los delitos tributarios, reales o imaginarios, pueden hundir a una persona en las bartolinas de la DAN.
Y corruptos los hay a la vista de todos, desde un funesto depravado que paso de pequeña casa alquilada a mansiones millonarias, jóvenes prostituidas para alimentar sus vicios y seguridad permanente, hasta los inversionistas en negocios cuyos capitales son de origen desconocido.
El Fisco es implacable en sus operaciones, en auditorías, en revisar expedientes, en inspeccionar, en cobrar tributos por adelantado, en perseguir como puede a ciudadanos y grupos. Se dice, por lo tanto, que no hay arte que un régimen aprenda con mayor rapidez que el arte de desvalijar a sus súbditos.
Esa es la cara frontal de la autoridad hacendaria de cualquier país. Pero como con las monedas hay un anverso, la otra cara es cómo se emplean los dineros recaudados, quién vigila su uso, cómo se rinden cuentas a los ciudadanos del dinero que les quitan. Y allí se pasa de lo que hacen a la luz pública, a las sombras de cómo se gastan esos recursos.
Un Estado y funcionarios ricos
y un país padeciendo calamidades
Ese es el gran misterio nacional: nunca antes un gobierno había obtenido más dinero de impuestos y de préstamos como el actual, pero nunca antes hubo menos beneficios para la colectividad de lo que ingresa.
Esa disparidad se evidencia en lo precario de los servicios públicos y especialmente lo relacionado con la salud y la educación, en obras que son inútiles pero que siguen tragando dinero como el gran hoyo de El Chaparral, en proyectos inconclusos y oscuros como el Sitramss, en los racionamientos de agua o el nulo abastecimiento a comunidades y sectores…
Hay un doloroso contraste entre los viajes y la pomposidad de actos legislativos y el que no puedan realizarse cirugías en el Bloom porque los aparatos de aire acondicionado no funcionan.
Es el caso de Estados ricos y funcionarios que nadan en prosperidad, y una ciudadanía pobre y en graves aprietos.