Escoger entre los que quieren servir a la ciudad capital y al país, y los que se sirven de la ciudad y el país para enriquecerse y lograr sus objetivos, es la disyuntiva del próximo domingo.
Las señales son muy claras. Para montar su negocio de transporte, el Sitramss, los rojos han usurpado la principal vía metropolitana, la Juan Pablo II. No se puede esperar que quienes están destrozando a San Salvador para su propio interés sean los que van a trabajar positivamente por nuestra capital.
En el FMLN manda un grupo que está donde está por la fuerza y que ejerce el poder desde hace más de cuarenta años.
Nadie se atreve a disputarle el poder a los que lo detentan, como se puso en evidencia con las muertes de Roque Dalton, de la Mélida Anaya, de Cayetano Carpio y de otros como Miguel Castellanos.
Es lo contrario de cómo funciona el país que trabaja, que produce, que analiza, que se esfuerza por sostenerse y hace lo que está a su alcance para sobreponerse a los saqueos fiscales, a las depredaciones de las pandillas y a la extorsión, que es la realidad cotidiana de la mayoría de salvadoreños.
Centenares de miles de trabajadores salvadoreños están representados en las gremiales del sector productivo, que no toman decisiones ni asumen posturas sin contar con el aval de sus miembros. Cuando ANEP o Casalco se pronuncian sobre un problema nacional, lo hacen recogiendo el sentir de los agremiados.
Pero a diferencia de cómo actúa el régimen, las decisiones, posturas y pronunciamientos de las gremiales, como de toda asociación cívica y de personas y grupos, deben ceñirse a lo que es lógico, decente, legal y acorde con las realidades del país y del mundo ya que, de lo contrario, socavarían el suelo sobre el que están parados.
A diferencia de cómo está actuando el Ejecutivo, la gente tiene que respetar las leyes y respetar la composición orgánica del Estado, pues de no hacerlo caen en lo ilegal o lo arbitrario, propio de grupos gangsteriles.
Menos empleo y seguridad pero más despilfarros
El grupo en el poder no pasa de interesarse por lo que le conviene o sirve a sus propósitos. Es por eso que ven los cargos públicos como su propiedad, nombrando en ellos a sus parientes, allegados y conmilitones pese a que, en la mayoría de casos, no tienen capacidad alguna para desempeñarlos.
Esa es también la razón por la cual ningún funcionario o empleado de gobierno está seguro de su puesto, pues pueden destituirlo cuando algún miembro del partido le eche el ojo o lo quiera para meter a su mujer, a su nieta o su cuñado, como en el caso del sector eléctrico donde se puso a un personaje que nunca destacó como administrador.
La voracidad no se detiene allí. El gobierno ha ido reduciendo los subsidios que antes se daban a entidades educativas, relacionadas con la salud (como el caso de los niños con leucemia, del conservatorio de música, los patrocinios de las artes, áreas que de no ser por la ayuda de grupos privados desaparecerían).
Confiar en los rojos se traducirá en menor crecimiento, menos cultura, peores servicios, carencias en los hospitales, escuelas dilapidadas…
Pero habrá más millonarios rojos, mayor despilfarro y mayor inseguridad de la gente.