Los salvadoreños se exponen a perder no sólo sus ahorros, sino sus empleos, sus libertades y sus derechos si el país cae totalmente en poder de los comunistas en las venideras elecciones.
Echando mano de decretos ejecutivos —el referente a la regimentación de la agricultura y ahora el que busca fijar salarios y prestaciones laborales vía una comisión nombrada por el Ejecutivo— se están usurpando funciones del Poder Legislativo y pasando por encima del debate público de la problemática nacional.
Estamos a las puertas de un cambio en la forma de gobierno como lo establece la Constitución (democrático, republicano y representativo). Y ello es el paso del sistema democrático a una dictadura.
La discusión pública, el entendimiento entre sectores, lo que resta de los pesos y contrapesos institucionales, está siendo socavado por los actos del Ejecutivo, que pretende que ir a los mercados y abrazar vendedoras equivale a “hablar con el pueblo”, aunque sí lo sería hablar con los pacientes del Rosales o los vecinos de colonias asediadas por las pandillas.
Y como “hablan con el pueblo” en los mítines y “hablan con el pueblo” cuando reparten bolsas de semilla y zapatos escolares, todo el enormemente complejo esquema de leyes, principios morales, tradiciones, inclusión en el mundo contemporáneo, etcétera, está demás. El país puede terminar en manos de una secta fanática y de votantes embrutecidos por el odio de clases.
¿Por qué el gobierno no puede pagar las pensiones que deben a millones de trabajadores?
La razón es muy simple: quienes han tenido el sistema previsional en sus manos hasta las reformas de los noventa y que continúan ahora con los sistemas del ISSS y estatales, carecían y carecen de la capacidad para administrarlos. Además parte de los recursos iba para pagar las exigencias de los sindicatos.
Y de cambiarse el sistema pueden estar todos seguros de que lo que contribuyen los trabajadores y sus empresas, sus ahorros, caerán en manos de activistas del partido, como viene sucediendo en sectores como agricultura y electricidad.
Forma de gobierno democrático y ocurrencias por decreto
Lo que piensan los rojos sobre el sistema de gobierno en parte se dice cuando defienden la dictadura venezolana: es un “gobierno democrático” porque llegó al poder en unas elecciones fraudulentas en las que nominalmente triunfaron.
Y como “triunfaron”, eso les da licencia para saquear el país, destruir su economía, encarcelar opositores acusándoles de conspirar, disolver manifestaciones a palos y balazos, cogerse empresas y traficar con drogas, como reveló el ABC de Madrid al exponer denunciados vínculos de Cabello con los cárteles.
Las elecciones fraudulentas, o elecciones limpias, no son una licencia para hacer lo que venga en gana, para aniquilar la democracia y la forma de gobierno.
Hitler, el nacionalsocialista enloquecido que llevó a la destrucción de su país y causó millones de muertos, llegó al poder en elecciones libres. Una vez en el poder, asumió poderes dictatoriales y comenzó a gobernar por edictos y decretos.
Lo que pretenden los rojos con sus edictos, ahora el referente a salarios y hace pocas semanas el atañero a la agricultura, es cambiar la forma de gobierno, acabar con las instituciones y gobernar a base de ocurrencias impuestas por la fuerza.
Tomen nota los de FESICONSTRANS, los capitalinos y la ciudadanía que rechaza dictaduras y aprecia sus libertades.