Quieren sustituir a los tribunales con pronunciamientos oficialistas

La arremetida oficialista contra quienes han expuesto el caso de la compra de terrenos por el presidente de la Asamblea, evidentemente, tiene como propósito desanimar investigaciones y envía un mensaje a jueces, fiscales

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elsalvador.com

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2014-12-11 5:00:00

El Salvador puede ir ahorrando lo que cuesta sostener el sistema judicial, pues cualquier indagatoria, encausamiento, litigio o demanda se puede solucionar con pronunciamientos del partido oficial, juicios paralelos, airadas acusaciones, lo que declara un grupo de militares, insultos…

La arremetida oficialista contra quienes han expuesto el caso de la compra de terrenos por el presidente de la Asamblea, evidentemente, tiene como propósito desanimar investigaciones y envía un mensaje a jueces, fiscales, entidades y medios de difusión. Lo que buscan es impedir que se escarbe no sólo lo relacionado con la compra, sino también, lo más importante, el origen de los caudales con que el señor Reyes se hizo dueño de esos terrenos.

A ello se suma la declaración del ministro de Defensa, secundado por un grupo de oficiales, posición que más bien favorece a Reyes, lo que para algunos es una abierta violación al carácter apolítico de la Fuerza Armada establecido en la Constitución y en los Acuerdos de Paz.

Un reportaje del periódico La Prensa Gráfica expuso los cuestionamientos a la compraventa de esos terrenos, lo que a su vez motivó a diversos sectores como los veteranos de la Fuerza Armada, la Iglesia Católica, empresarios, diputados y Transparencia Internacional, a exigir que se realice una investigación sobre las negociaciones de Reyes y se indague a las autoridades del IPSFA por estas transacciones.

“La Iglesia Católica”, informó este Diario, “pidió a Reyes que aclare lo relacionado con la compra, mientras que Transparencia Internacional pidió al TEG (Tribunal de Ética Gubernamental) analizar si Reyes infringió las normas éticas de la función pública al comprar tierras estatales cuando tiene información privilegiada”.

Por su parte, ARENA pidió el 3 de diciembre que Reyes deponga su cargo mientras es investigado, algo que no tuvo el respaldo de otras fracciones. ARENA pide además indagar la procedencia del dinero para comprar de contado los lotes en zona de desarrollo y gran plusvalía, pues Reyes no ha tenido más ingreso visible y legítimo que su salario como diputado.

En afirmaciones que hizo, usando el canal legislativo, Reyes insultó al periodista autor del reportaje, diciéndole que ganaba un “salario miserable”, lo que muchos afirman es mejor que los ingresos que tuvo Reyes antes de acceder al poder y pasar de condición modesta a la de gran potentado.

El otro lado de la moneda

son los linchamientos oficiales

Con su usual elocuencia, el coordinador de los comunistas, en una insigne parrafada, dijo: “Sigfrido debe saber, y esto es importante, que (de) la Comisión Política y la dirección del partido tiene el apoyo nuestro políticamente, lo quiero decir aquí muy claro, Sigfrido Reyes como militante y miembro de la dirección del partido”, lo que sin duda hace de él un personaje más igual que el resto de sus connacionales, que son juzgados sin contemplaciones ni protestas legislativas cuando perpetran actos ilícitos o caen en sospecha de lavar dinero.

Los rojos, además, culpan a expresiones “oscuras” de ARENA, Fusades, ANEP y “muchos” medios de comunicación de hacer un revuelo sobre el caso, algo que siempre hacen cuando no tienen ni argumento ni defensa moral y jurídica.

El reverso de la medalla de estas adhesiones oficialistas a Reyes (los aplausos forzados de las dictaduras son un ejemplo) es la posibilidad de que, en el futuro, se monten linchamientos contra ciudadanos por no ser partícipes de las maniobras o conjuras rojas.

Estamos a un paso de los “tribunales populares”.