Ala incorporación en la Ley de Lavado de todos los medios informativos y de entretenimiento del país y de agencias de publicidad, se suma el atropello a un redactor del periódico El Faro, que fue detenido, forzado a quitarse la camisa, interrogado y amenazado por escribir un reportaje.
Ambos casos son una agresión grave a la industria de la libertad, a lo que es el sostén esencial de la democracia, a lo que defiende los derechos básicos de la persona, la institucionalidad y el Orden de Derecho.
La libertad de expresión garantiza que un país no se hunda en despotismos, en la corrupción y en la pobreza.
No hay resquicios, oportunidades, ingresos ocultos, antecedentes o posibilidad en una nación que medianamente se rija por leyes, que presente oportunidades a los medios de difusión para lavar dinero sin que eso se detecte de inmediato por las autoridades hacendarias, por los mismos auditores jurados de las empresas y por sus lectores y audiencias.
Lo que el presente régimen ha iniciado antes de cumplir dos meses en el poder, es una ofensiva contra la libre expresión, el comienzo de un amordazamiento de la opinión pública. Y como no pueden intimidar o perseguir a toda la gente, la emprenden contra sus voceros naturales, contra el recurso al que tienen acceso todas las personas indistintamente de posición u origen.
A esto se agrega que si se ordena detener a un periodista por lo que escribe, también pueden hacerlo con sus fuentes, con quienes declaran para un reportaje, con grupos que manifiesten descontento o rechazo de políticas, medidas o actos que no agraden a un funcionario o un gobierno.
Existen periodistas que toman dinero para decir o no decir, como hay funcionarios que lo dispensan. Y en tal caso “quien peca por la paga o paga por la peca” (Santa Teresita del Niño Jesús) son igualmente culpables de corrupción. Toca a cada medio vigilar a su personal, como toca a cada institución y al gobierno cuidarse de quienes corrompen y son a su vez corruptos.
El mejor vigilante de medios son los lectores y audiencias
Pero el vigilante final en una democracia no son los gobiernos con sus propios intereses y faltas, sino el público, que en una sociedad que cuenta con cientos de medios de difusión incluyendo los foráneos, y toda clase de recursos para conocer, rápidamente identifica a quienes le intentan engañar o sirven inconfesables propósitos y le quita su patrocinio.
De la ley contra el lavado y la figura del pequeño padrino al servicio del régimen, los oficiales de cumplimiento, rápidamente se cae en los soplones, en los grupos defensores “de la revolución”, en los delatores y en los bozales que caracterizan la vida en Cuba y en todas las dictaduras que en el mundo han sido. Y en esas desgraciadas naciones condenar a alguien a veinte años de prisión por una frase dicha, es la asquerosa práctica.
Las autoridades están en la obligación de identificar a los agentes que intimidaron al periodista Óscar Martínez, pero más importante, a quiénes dieron la orden de detenerlo y acosarlo, lo que pasó por espiarlo a él para saber que había alquilado un vehículo esa misma mañana, averiguar donde iba a viajar y detenerlo a media carretera. Hay policías para esos seguimientos, lo que debía enfocarse en el crimen organizado.