La ley establece lo que entidades públicas y funcionarios están facultados para hacer, en la misma forma como ordena lo que los ciudadanos no deben hacer. Un ciudadano es libre de hacer lo que no se le prohíbe, en igual manera como los mandamientos morales determinan lo que le está vedado, abriendo así todas las posibilidades para vivir y actuar en libertad.
Es en absoluto inválido que un funcionario o un organismo estatal haga lo que le venga en gana “ya que la ley no lo prohíbe”, pues eso desnaturaliza la función pública, se presta a abusos y es el camino hacia el totalitarismo.
El Tribunal Electoral, TSE, no puede organizar debates, montar ferias electorales o darse a la tarea de informar a los electores sobre temas que no encajan en su función básica, alegando de que no hay prohibición al respecto, por el simple hecho de que la ley establece las competencias de un funcionario, de todos los funcionarios, sin dejar áreas grises o indeterminadas sujetas a interpretaciones.
La función del TSE no puede ser la de “informar a la ciudadanía” de lo que no esté estrictamente apegado a las funciones que la ley le otorga. Informar es la tarea propia de los partidos, de los medios de comunicación, de lo que la gente habla.
Un debate, en tal contexto, es un evento al que concurren los candidatos por voluntad propia, cuando tienen garantías de que los mediadores serán imparciales, que el lugar y la asistencia serán también imparciales y que no se saldrá del contexto aceptado por las partes, condiciones que lo propuesto por el TSE no llenan.
El debate, en todo caso, es el permanente objetivo de las campañas, lo que se realiza hora por hora y día por día en todo el territorio. Y los espectadores son los que bien o mal oyen, callan, comentan, divulgan, aplauden o insultan.
Si está haciendo lo propio el TSE no es asunto de encuestas, sino de análisis, de ver si los magistrados actúan conforme con lo que la ley les ordena. Estos pueden sentirse contentos de que una mayoría los apoye, pero eso no es un espaldarazo final, pues no pueden los países manejarse a base de aplausos o rechiflas, sin exponerse a caer en el caos y en la dictadura, como sucedió con el enardecido apoyo de los venezolanos a un grotesco demagogo.
Se habla de debates pero la intención puede ser montar circos…
Ahora se habla de debate, la gran ocurrencia, como más tarde pueden proponerse entrevistas patrocinadas por el TSE, o ferias electorales. Y esto basado en que la ley no lo prohíbe, como a una persona no le prohíbe ponerse a cantar en medio del parque.
Pero eso vuelve a un país vulnerable a los antojos y las pensadas de los funcionarios, creyéndose que están autorizados para cualquier cosa “que no se les prohíba”.
Hay disposiciones en países o patrocinadas por organismos internacionales que alientan los debates, pero lo hacen previendo que un régimen puede amordazar partidos y candidatos dejando a oscuras a parte de la población sobre amenazas reales a la democracia. De eso a creer que tal cosa constituye una licencia para forzar debates bajo patrocinio oficial, hay una insalvable distancia.
Los debates con frecuencia se prestan para linchamientos públicos, para oscurecer más que para aclarar.