El “voto cruzado” necesariamente obliga a repensar el tipo de empresa que brindará los servicios de tecnología. Debe ser una de probada experiencia internacional, que ofrezca un remedio efectivo para el conteo de votos y marcas y que facilite el llenado de actas. De esta manera se simplifica el trabajo en las Juntas Receptoras de Votos (JRV) y los resultados preliminares se publicarían con mayor prontitud. Una tercera elección con errores similares a la falla en la asignación de preferencias a los candidatos o de la magnitud de los cometidos en 2015 profundizará la desconfianza en el Tribunal Supremo Electoral (TSE).
Luego se encuentra el tema del presupuesto. En materia electoral la eficiencia no se prueba economizando gastos o conformándose con cantidades ajustadas que no permitan la adquisición de bienes y servicios de calidad. En 2015 el TSE reintegró $1.8 millones de dólares al Ministerio de Hacienda de una cifra total de $25.5 millones. Ciertamente hubo “ahorro” pero fracasó la tecnología, no hubo capacitación oportuna a los miembros de las JRV y las campañas de educación cívica para animar a los jóvenes a obtener su DUI por primera vez y para mostrar a los ciudadanos las formas de votar y los lugares en los que estaría ubicados los centros de votación fueron prácticamente inexistentes. Además faltaron —y siguen escasos— los recursos de carácter permanente para fortalecer las unidades de control y supervisión del TSE en materia de campañas adelantadas, financiamiento político y para administrar pronta y cumplida justicia electoral. Estas deficiencias arriesgan la equidad de la competencia y podrían influir en la transparencia y legitimidad de los resultados.
Por otra parte, persiste el incumplimiento de los plazos para la propaganda electoral. El artículo 81 de la Constitución establece que los partidos y los candidatos pueden realizar este tipo de actividad cuatro meses antes de la elección presidencial, dos meses antes en el caso de los comicios de diputados y un mes antes para los concejos municipales. La autoridad electoral está obligada a frenar este tipo de conductas y plantear a la nación un régimen de sanciones más severo que el existente; de lo contrario, la sensación es la de una permanente confrontación por alcanzar el poder político.
También es necesario continuar con la ciudadanización de las JRV sin eliminar la vigilancia de los partidos políticos. Una depuración más efectiva de las listas de personas que envían los institutos políticos para integrar estos organismos temporales, la ejecución del sorteo con mayor anticipación y la promoción del voluntariado son aspectos a los que se requiere prestarles la mayor atención. Lo mismo se puede decir de la capacitación de estas personas. En la medida que conozcan el mecanismo de conteo, llenado de folios y elaboración del acta auxiliados, como ya se dijo, de tecnología adecuada, se superará el tiempo promedio para finalizar su labor que, todavía en esta elección, sobrepasó en algunos casos las siete horas prolongándose hasta la media noche. Por eso la formación ha de efectuarse inclusive en época fuera de campaña.
El TSE tiene que resolver sin retrasos las denuncias y los recursos que presenten los partidos. Una vez concluida la jornada electoral la demora para solucionar las peticiones por parte de aquel abre el espacio a las especulaciones y a las acusaciones de fraude. Por tanto se precisa de una legislación que contemple los procedimientos para resolver rápidamente las solicitudes de tal forma que no se genere un vacío de autoridad. Esto obliga a la Asamblea Legislativa a una revisión integral de las leyes electorales.
Una última consideración de carácter positivo se vincula con el comportamiento de los partidos. La aceptabilidad de la derrota es condición indispensable para la consolidación del sistema democrático. La actitud de ARENA ante la alternancia en 2009 y durante la reelección del FMLN en 2014 no obstante la estrecha diferencia entre el primero y el segundo lugar, el inmediato reconocimiento del partido de gobierno de los resultados en su contra en 2018, así como el consentimiento en los casos de Zacatecoluca y San Miguel, sin perjuicio de que los no favorecidos acudan a otras instancias legales, significan avances sustanciales en la cultura política salvadoreña.
Columnista de
El Diario de Hoy