Para alegría de muchos y desagrado de otros tantos, algunas sentencias emitidas por la actual Sala de lo Constitucional han influido en la forma en la que se hace política en nuestro país y las modificaciones en las reglas del juego plantean nuevos retos a los ciudadanos, partidos, políticos y organizaciones de la sociedad civil.
La obligatoriedad de elecciones internas para determinar las candidaturas brinda a los ciudadanos la posibilidad real de convertirse en actores y partícipes del ejercicio democrático, mientras que la posibilidad de elegir dentro de las propuestas partidarias solo a quienes los electores crean que les representaran mejor, pudiendo hacerlo de distintos institutos políticos, le dan un nivel inusitado de poder al “pueblo”, que es en realidad en donde debe residir el poder de definir a sus gobernantes.
Las elecciones internas en los partidos son un claro desafío al modelo tradicional, verticalista y autoritario, que limitaba a los electores a votar por quienes ya habían sido elegidos por otros. Indudablemente las argollas iluminadas del poder verán en esta nueva forma de elegir candidatos, sobre todo a la presidencia, una amenaza a su forma de hacer las cosas, a sus intereses y caprichos, pero, sobre todo, generarán en ellas la tentación de siempre de usar cualquier medio a su alcance para imponer su voluntad por sobre los intereses de todos.
De un lado a otro del espectro político salvadoreño empiezan a surgir postulaciones, grupos de apoyo y, como es habitual cuando se trata del poder, los grupos de arribistas que solo pretenden alcanzar o mantener el espacio necesario para negociar sus propias ambiciones.
Para los candidatos de cualquier color, la primera necesidad es la de mantener a sus simpatizantes y promotores a raya, puesto que las prácticas oscuras y difamatorias usadas hasta ahora en las contiendas, en esta ocasión actuarán precisamente en contra de sus propios intereses porque, sin lugar a dudas, generarán división, confrontación y resentimiento en quienes deberán ser sus electores en el eventos de 2018 y 2019.
Para los partidos el reto es único, puesto que de la dimensión de sus luchas internas dependerá la solidez de su oferta al electorado. Las lealtades deben ser manejadas en función del conjunto, del proyecto colectivo y no de los individuos, puesto que nada peor pueden hacer que dejar al descubierto las divisiones que ya son secretos a voces. Si los candidatos que presenten a consideración de los ciudadanos son fruto de la imposición, con toda seguridad se les pasará una gran factura en las urnas.
La democracia exige transparencia y esta, a su vez, requiere de la participación de los ciudadanos, para quienes solo hay un camino y es el de involucrarse, convertirse en garantes de la transparencia de los procesos y métodos de elección de los candidatos. Es ahora el tiempo en que la ciudadanía debe adquirir el rol de auditores, empezando por garantizar que en las propuestas de los partidos no se filtren personas indeseables, delincuentes e incluso removiendo a fuerza de voto a los políticos que en el pasado hayan incurrido en delitos, faltas, fallas o mentiras a sus electores.
Para los grupos organizados de la sociedad civil, la tarea de unirse es ahora de urgencia inminente pues, sin importar su orientación ideológica, constituyen un medio alterno para la expresión política de los ciudadanos y como tal les corresponde el papel de dar fe de la transparencia de los procesos o de denunciar su manipulación.
Estamos a menos de un año de las elecciones de alcaldes y de los diputados que determinaran, a su vez, la nueva composición de la Sala de lo Constitucional y el Fiscal General, y a dos de la elección del nuevo presidente de la República. El tiempo se acorta y debemos asumir todos el rol de patriotas y defender esta democracia que tantas vidas ha costado y de la que depende el futuro de nuestra descendencia.
*Ciudadano salvadoreño.