Esta semana, La Prensa Gráfica publicó declaraciones judiciales de pandilleros sobre “la tregua.” Los testimonios confirman lo que muchos hemos denunciado: “la tregua” no fue más que el uso malintencionado de un término equivocado, acompañado de la creación de realidades ficticias, que buscaba esconder la negociación entre el Estado y grupos delincuenciales. El testimonio de los pandilleros que declararon en contra de sus agrupaciones – auto-etiquetándose así de por vida como soplones y acarreando por siempre con los riesgos que eso implica – plantean hechos graves, delitos cometidos por personas particulares y funcionarios en el marco del intercambio de beneficios entre delincuentes y el Gobierno, que deben de ser investigados a profundidad por las autoridades.
Las declaraciones rendidas durante el proceso judicial, por ejemplo, detallan que como parte del acuerdo se les entregó cientos de teléfonos celulares a pandilleros recluidos en los centros penitenciarios. También revelan que, en algunos presidios, se autorizó la instalación de acceso a electricidad para que los internos pudiesen cargar los teléfonos. Los testimonios, además, señalan que el Estado armó a las pandillas. Según los pandilleros, que revelaron esta información en sus declaraciones sobre el ataque en contra de instalaciones policiales, los negociadores del gobierno se convirtieron en parte orgánica del proceso de toma de decisiones de las pandillas, autorizando atentados como el que se dirime en la audiencia en la que dieron su testimonio.
Personajes involucrados en la negociación con las pandillas, como era de esperar, han criticado que el periódico antes mencionado publique las declaraciones, argumentando que no es una cobertura balanceada y cuestionando las motivaciones de quienes las proporcionaron. Sin embargo, la información proveída por los pandilleros en el proceso judicial complementa y se puede contrastar con las declaraciones de funcionarios y las caras visibles del pacto pandillero, difundidas en el pasado en los medios de comunicación.
Por ejemplo, cuando se ha cuestionado sobre cómo exactamente el traslado de los máximos cabecillas pandilleros a presidios menos seguros, facilitó su influencia sobre los demás miembros de sus agrupaciones para reducir la cantidad de homicidios registrados, las personas involucradas nunca han podido contestar de forma clara y directa. Siempre han dado respuestas ambiguas y evasivas. Las declaraciones de pandilleros publicadas por La Prensa Gráfica, contestan la pregunta.
Dichos testimonios contradicen el discurso oficial de la administración de Mauricio Funes que el Gobierno fue solo un facilitador de un proceso externo, ya que sostienen que las autoridades proporcionaron armas a las pandillas. Al publicar estas declaraciones, La Prensa Gráfica da a conocer información que sus lectores pueden contrastar con el discurso oficial, ampliamente difundido en cientos de notas periodísticas, y así puedan formar un criterio más amplio. La publicación también es importante porque logró movilizar a la Fiscalía General de la República, que ha retomado la investigación con energías renovadas y citado, en ese contexto, al expresidente Funes a declarar.
Los interesados en que no se investigue “la tregua” también ya empezaron a ejercer presión sobre el fiscal general Meléndez, tratando de crear la percepción que retomar las investigaciones de “la tregua” equivale a continuar con las condenable prácticas de su desgastado antecesor, Luis Martínez, cuando es totalmente lo opuesto. Martínez solo amagaba con investigar, con otros fines en mente. Marcar diferencia con su administración es fácil, solo se tiene que investigar de verdad para darle respuestas a la ciudadanía. Tratar de contagiar la investigación de estos hechos tan graves con la falta de credibilidad de Martínez, simplemente revela la cobardía y egoísmo de quienes lo intentan, ya que indica que no tienen los pantalones para enfrentar sus malas decisiones y anteponen sus miedos a las respuestas que merecen las víctimas que fueron agredidas con las armas o extorsionadas con los teléfonos presuntamente proporcionados por el Gobierno a las pandillas.
*Criminólogo
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