Las últimas noticias sobre el inicio de juicios de enriquecimiento ilícito contra un expresidente de la República, un diputado y un exfuncionario, nos ha hecho esperanzarnos en que la salud de un sistema enfermo de corrupción y el mal manejo de los fondos del Estado sean situaciones que vayan mejorando; y nos hace añorar el correcto funcionamiento de todas las instituciones encargadas de controlar las actuaciones de los funcionarios. Además, nos ha puesto a pensar, ¿cómo cambiaría nuestra actualidad nacional si todas las instituciones públicas cumplieran con el rol que legal o constitucionalmente se les ha otorgado y realmente funcionaran?
Casi siempre acostumbramos a exigir resultados al Órgano Ejecutivo en su papel de administrador del Estado; a la Asamblea Legislativa, como símbolo de representatividad de todas las ideologías ciudadanas; y al sistema judicial, como encargado de impartir justicia en el país. Aunque la Corte Suprema de Justicia tiene muchos problemas pendientes de resolver (tales como la depuración judicial, la pronta y cumplida justicia, etc.), en los últimos años ha sido la institución que ha desplegado sus facultades y ha hecho sentir su presencia en el ámbito nacional. La Sala de lo Constitucional ha emitido resoluciones que han cambiado el status quo de prácticas inconstitucionales en temas electorales, elección de funcionarios, correcto funcionamiento de las instituciones y derechos sociales. La Sección de Probidad ha revivido en menos de un año la lucha contra la corrupción y el enriquecimiento ilícito; y además, ojalá que sus actuaciones también brinde los incentivos necesarios a no realizar prácticas incorrectas.
Sin embargo, estos no son los únicos órganos creados para incidir en labores de control de los demás instituciones del Estado o para tomar decisiones trascendentales en el manejo del país. Entidades como la Corte de Cuentas de la República, el Consejo Nacional de la Judicatura, el Tribunal de Ética Gubernamental y la Fiscalía General de la República, han permanecido enterradas en la inoperancia y en la dependencia a los partidos políticos desde hace varias décadas. De todos es conocido el reparto partidario de las instituciones que se efectuaban en la Asamblea Legislativa, los cual ha traído como resultado el arraigo del encubrimiento de malas prácticas y la sobre población de plazas por afinidad política, en detrimento del verdadero servicio civil.
¿Dónde está una Corte de Cuentas que fiscalice el buen manejo de los fondos y evite el despilfarro en viajes, carros innecesarios para instituciones, sobresueldos, plazas subocupadas, viáticos excesivos, gastos injustificados, entre muchísimos más? ¿Cuándo aparecerá un Tribunal de Ética Gubernamental que investigue las dádivas, las acciones cuestionables y actitudes reprochables de los funcionarios, y además que sancione los actos contrarios a la ley? ¿Cuándo tendremos un Consejo Nacional de la Judicatura que evalúe correctamente a las personas que ingresan o se encuentran en la carrera judicial y vele porque los nombramientos se hagan por capacidad y no por simple simpatía? Ojalá ahora la Fiscalía General de la República vaya despuntando en sus pasos y sus actuaciones no se queden en nada como las anteriores gestiones.
La lucha contra la corrupción y las malas prácticas corresponde a todas las instituciones antes señaladas, y como ciudadanos debemos exigir su correcto funcionamiento en el control o desarrollo de asuntos públicos. Un pensamiento sesgado y mediocre es cuestionar a las instituciones que actualmente dan muestras de un funcionamiento independiente, bajo el argumento que “¿por qué no lo hicieron antes?”. Probablemente en épocas anteriores dichas entidades estaban conformadas por miembros distintos, y de ninguna forma esto se debe convertir en miedo o justificación para seguir permitiendo los abusos y las malas prácticas. Ojalá los funcionarios que hoy integran todas estas instituciones se tomen en serio el rol para el que se les ha nombrado y den muestras reales del trabajo que realizan. Si en algún momento consideran que poco pueden hacer para impulsar el desarrollo de sus respectivas instituciones, quizá lo mejor es que vayan pensando en renunciar. Y si no, sería saludable que evalúen ante terceros objetivos sus actuaciones y enmienden los errores cometidos. La situación actual del país no permite que nos demos el lujo de conformarnos.
*Columnista de El Diario de Hoy.