Los vientos soplan fuerte en estos días y ojalá se lleven consigo todos nuestros resentimientos, egoísmos, venganzas y temores, abriendo una oportunidad para dibujar un nuevo y mejor destino. No estoy soñando despierta. Soy parte de esa generación que vivió la adolescencia y la juventud durante la guerra civil. Al igual que la mayoría de mis compatriotas, opté por la paz como único camino viable para enfrentar los verdaderos desafíos de la consolidación de la democracia. Es por esta razón que, como salvadoreña, sé que podemos trazar ese destino soñado, y que el camino de la paz es el más seguro para alcanzarlo.
Tanto el tema de las pensiones como los referentes a enriquecimientos ilícitos nos han develado una campaña electoral adelantada que amenaza la paz social. Aunque tengo la percepción de que esa campaña ha estado presente todo el tiempo, desde que inició el “Festival del Buen Vivir” y, recientemente, las “Asambleas Ciudadanas”, pero con la gravedad de que todo esto se financian con recursos del Gobierno, es decir, con fondos públicos provenientes de nuestros impuestos.
Estos y otros temas de las últimas semanas han enmarcado nuestra coyuntura nacional en un escenario político complejo. Salvo honrosas excepciones, las reacciones de nuestra clase política y los líderes de opinión demuestran claramente que el “Acuerdo de Chapultepec” no condujo a la necesaria reconciliación que todos anhelamos como ciudadanos y como país.
Ante los hechos recientes del caso jesuitas y otros similares, no se termina de descifrar si la Ley de Amnistía, aprobada por la Asamblea Legislativa en marzo de 1993, fue pactada para garantizar “la impunidad”, como reclaman tantos, al derogar el artículo 6 de la Ley de Reconciliación Nacional, del 23 de enero de 1992. Lo cierto es que con esa acción, la Amnistía le dio el “tarrayazo” a la posibilidad de enjuiciar a los responsables de crímenes de guerra de ambos bandos. Los políticos aseguran que esta ley constituyó la piedra angular del edificio político sobre la que se construyó una auténtica paz, pero somos los ciudadanos los que tenemos que vivir en la sociedad antagónica e inconforme que esto creó.
Otro de los temas que ha desatado una guerra mediática, y que refleja el agrio enfrentamiento que reina hoy en el país, es el tema de las pensiones. No es de asombrarse, ya que el gobierno ha rehusado –contrario a su discurso– a establecer una mesa de diálogo para discutir propuestas concretas con los distintos sectores. Establecer una comisión especializada para la discusión seria, transparente y responsable del tema de pensiones es crucial, más aún cuando se escuchan mensajes distintos y ambiguos desde el ejecutivo, y cuando diputados de distintos partidos proyectan un desconocimiento absoluto del tema. Esto es irresponsable porque confunde a los cotizantes, que tienen el derecho de conocer cómo funciona el sistema y de qué manera las distintas propuestas afectarán los ahorros destinados a financiar sus pensiones.
Las reacciones opuestas y negativas, vistas en las redes sociales relacionadas a estos sucesos, revelan un riesgo inminente de retroceso y erosión de la aún débil institucionalidad del país, obstaculizando la consecución de la verdadera paz social, que debe ser justa y solidaria. Como decía Gandhi: “No hay camino hacia la paz: la paz es el camino”.
No debemos compararnos con el contexto histórico de otros países y sus experiencias nacionales. Nos diferenciamos en haber finalizado el conflicto mediante un acuerdo, que es el acta de nacimiento de nuestro sistema político. Es momento de progresar, y debemos hacerlo de una manera más responsable, considerando a todos los salvadoreños, sin excluir a nadie. Desearíamos que nuestros políticos liderasen estos cambios. Los vientos que deben limpiar la corrupción, el enfrentamiento, el odio y la mentira de nuestro querido país todavía no han llegado, pero el tambaleo de las hojas anuncian su próxima llegada.
*Columnista de El Diario de Hoy.
@cavalosb