La primera “gran reforma” de la actual administración se pretende aprobar bajo la mesa. Muy pocos la entienden, muchos la critican y la gran mayoría desconoce por completo las intenciones del gobierno. Si el sistema permitiera el retiro voluntario de los ahorros por parte de afiliados y cotizantes, el fondo de pensiones habría quedado prácticamente vacío. El efecto sería similar al que produciría en el público la impertinente amenaza de “desdolarizar” la economía si el proyecto de reforma previsional de Casa Presidencial no es aprobado. Las cuentas bancarias quedarían desiertas ante la inminente devaluación del dinero por la conversión de dólares a colones.
Lo cierto es que la discusión sobre las pensiones ha sido oscura, populista y sin tecnicismo alguno. Como siempre la polarización se ha convertido en la gran protagonista. Mientras unos afirman, y con razón, que la falta de información los lleva a especular que el Estado pretende confiscar el dinero del fondo de pensiones para resolver sus problemas de caja y aliviar el alto endeudamiento público, las autoridades apelan a la “sensibilidad” de la gente, argumentando que su propuesta permitirá el establecimiento de una “pensión vitalicia” para un determinado grupo de beneficiarios así como el incremento del número de adultos mayores que reciben una “pensión solidaria”.
Entretanto la verdad se oculta por completo y se ignoran las dudas de los que no han tenido oportunidad de participar en el jaleo protagonizado por los funcionarios del Ejecutivo, los miembros del partido oficial, las organizaciones de trabajadores y las gremiales empresariales. Es muy probable que quienes poseen una cuenta individual ni siquiera conocen el saldo a su favor después de cotizar por varios años en una AFP. Estas personas y sus hijos harían bien en entender que la modificación sugerida por el Ejecutivo crea un espacio de incertidumbre que podría traducirse en el futuro en la falta de dinero para pagar sus pensiones.
Pero lo grave de este suceso es la manera en la que el presidente y su equipo buscan tomar decisiones que afectarán la vida de todos los salvadoreños. En nada se diferencia de los gobiernos de derecha a los que tanto se criticó por la forma empleada para aprobar la dolarización o los Tratados de Libre Comercio. La descalificación, los insultos y la resistencia al diálogo han caracterizado el episodio de las pensiones. No se toma en cuenta que la grieta de la desconfianza entre privados y públicos crecerá a niveles inimaginables cuando apenas nos encontramos en el segundo año de gobierno.
El gran error del sector público ha sido la falta de transparencia para la adopción de esta medida. Que el sistema previsional necesita ajustes no está en discusión. Se trata de cambios que deberían proteger la propiedad de los ahorros, incrementar su rentabilidad y contribuir al desarrollo nacional. El régimen vigente de las pensiones tiene restricciones importantes que impiden multiplicar el caudal de lo acumulado por cada trabajador. Lamentablemente el propósito de las enmiendas a la ley es la de aliviar temporalmente la presión fiscal y trasladar el problema para posteriores quinquenios. Así lo hizo el gobierno de ARENA entre 2004 y 2009 y lo mismo ambiciona el FMLN sin importar el perjuicio que pueda causar a miles de pensionados en muy pocos años.
El de pensiones se suma a una serie de problemas que se prefiere no enfrentar. Se rechaza la posibilidad de convenir un acuerdo fiscal integral que termine con la agonía del Ministerio de Hacienda cada vez que el resto de instituciones públicas le solicitan recursos para responder a las necesidades de la gente. No se avanza en la disminución de la tramitología ni en la facilidad de hacer negocios en el país. Se continúa utilizando el Consejo de Seguridad Ciudadana y Convivencia como el “pararrayos” perfecto para que el incremento de homicidios no recaiga únicamente en las espaldas del gabinete de seguridad pública.
En definitiva la andanza del gobierno en el tema de las pensiones es una muestra evidente de su incapacidad para tejer alianzas con la sociedad y un asomo de la arbitrariedad y el totalitarismo con el que algunos funcionarios aspiran a dirigir el país.
*Columnista de El Diario de Hoy.