Diciembre de 2015 podría pasar a la historia como el mes en que los políticos salvadoreños intentaron adelantar los regalos de Navidad a sus colegas más cuestionados. Efectivamente, semanas antes de la Nochebuena, el día 16, en una plenaria de antología, diputados del FMLN, GANA y PCN aprobaron enviar a Casa Presidencial una pretendida nueva Ley de Probidad, adefesio jurídico que ni envuelto en papel celofán podía esconder su verdadero propósito: neutralizar a la Corte Suprema de Justicia en su tarea constitucional de combatir el enriquecimiento ilícito de funcionarios y empleados públicos.
Organizaciones que han impulsado verdaderas reformas a la vieja normativa advirtieron que el intento de perpetrar fraude a nuestra Carta Magna estaba en la agenda del partido oficial y sus adláteres. “Esperamos”, dijo el Grupo Gestor, “que no se quiera sorprender a la ciudadanía aprobando una ley con deficiencias, aprovechando el receso por Navidad y fin de año”. En otras palabras, de forma educada, estas entidades aconsejaban a los políticos que se abstuvieran de poner freno a las acciones impulsadas por Corte Plena en materia de probidad pública. Solo faltó recordarles que ninguna triquiñuela legislativa alcanza ya para detener las exigencias de honradez y transparencia que nuestra sociedad está haciendo suyas.
Pero el cinismo suele revelarse ilimitado cuando ciertas cuotas de poder se encuentran en juego. Así pues, el oficialismo y sus acólitos no solo sumaron votos en la Asamblea para dar a luz el engendro, sino que han tenido la desfachatez de “defenderlo” echando mano de razonamientos francamente insólitos, como el esgrimido por la diputada que prefiere no separar de sus cargos a los funcionarios ladrones para que puedan “reintegrarle al Estado lo robado”. ¿Se imagina el lector la abominable cleptocracia que podría instalarse en El Salvador si la mentalidad “deductiva” de esta legisladora fuera tan contagiosa como el dengue?
En nuestro país, por fortuna, sobran todavía ciudadanos a los que la corrupción les indigna. Para desgracia de quienes desearían un erario público desprotegido y con las puertas bien abiertas, la vigilancia de los salvadoreños sobre el dinero que ponemos en manos del Estado está creciendo. “Tengo derecho a saber”, redonda frase que hemos visto impresa en la camiseta del coordinador de Asistencia Legal y Anticorrupción de FUNDE, Roberto Burgos Viale, es un resumen magnífico del grado de conciencia que la ciudadanía está adquiriendo.
Cada vez resulta menos sencillo a los políticos tradicionales escapar ilesos de una fechoría, pero aún persiste en muchos de ellos la sensación de que pueden salirse con la suya. Aunque el corrupto tiene pavor a ser descubierto, guarda hasta el último momento la esperanza de evitar ese desenlace mediante las maniobras que le permite ensayar la debilidad institucional. Una de esas maniobras la vimos cristalizar en la plenaria del 16 de diciembre, con las consecuentes muestras de rechazo de la población informada y las lógicas demandas presentadas en los albores de este nuevo año.
La Sala de lo Constitucional, por supuesto, ha admitido ya los recursos contra esta “Ley de Probidad” que impide garantizar la probidad. Y el final de tan vergonzoso proceso, lamentablemente, también es previsible: la normativa terminará expulsada del ordenamiento jurídico y los diputados que la aprobaron harán el consabido berrinche. Volverá a escucharse en el Salón Azul el trillado discurso contra los magistrados incómodos, y al Grupo Gestor le tocará seguir presionando para que se discuta y apruebe una verdadera legislación contra el enriquecimiento ilícito.
Mientras todo esto ocurra, Corte Plena tendrá que retomar el hilo conductor de los juicios civiles iniciados, renovando las expectativas de cumplida justicia que muchos salvadoreños venimos expresando alrededor de casos emblemáticos. No importa quiénes hayan metido la mano en el erario público y quiénes estén haciendo lo necesario para protegerlos: si se enriquecieron a costa de un dinero que hace falta para resolver problemas urgentes de la población, la hora de rendirle cuentas al país ha llegado.
*Escritor y columnista de El Diario de Hoy.