Cuando la Asamblea Legislativa recibe el proyecto de Presupuesto de la Nación en septiembre, el pleno se prepara para aprobar una de las leyes más importantes del país, ya que se puede vislumbrar cuáles son las prioridades, estrategias y visiones de las políticas públicas definidas por el gobierno.
Bajo esa premisa, al conocer y aprobar el Presupuesto 2016, solo podemos ver con mucha preocupación el futuro del país, porque simple y sencillamente no define cuáles son las políticas públicas que desarrollará el FMLN, no sabemos cuáles son sus apuestas estratégicas para el desarrollo y la prosperidad, y, si existen, claramente se puede ver que no responden a las necesidades de los salvadoreños en tres áreas claves, como son: seguridad, educación y salud.
Los países que se han superado tienen un factor común y es una apuesta por la educación, el presupuesto no refleja eso. ARENA hizo propuestas para llevar el presupuesto de esta cartera de Estado al 6 % del PIB en forma gradual y progresiva, pero no fuimos escuchados.
Hicimos una propuesta para reorientar 70 millones de dólares y de ellos destinar 50 millones para invertir en la infraestructura escolar y 20 millones en programas educativos. Ni siquiera se consideró esta iniciativa que reorientaba fondos de publicidad en Casa Presidencial y otras instituciones del Estado; reducía gastos en viajes, viáticos; congelaba plazas, entre otras medidas.
Recientemente conocimos el resultado de la PAES en El Salvador y, un año más, nuestros alumnos salieron reprobados, sobre todo en las instituciones públicas, aunado con esto, estamos segmentando a la población, el hijo de nuestros obreros o trabajadores del campo no tendrá mayores oportunidades en un mercado laboral competitivo por razones obvias. Cuán lejos estamos de aquellos años en los cuales los primeros bachilleres del país salían tanto de institutos nacionales como de colegios privados.
En Salud, aunque el FMLN habla bondades de su reforma, la realidad es la que viven los salvadoreños más pobres que tienen como única opción acudir al sistema público de salud adonde no hay camas, falta equipo médico, medicinas, insumos, entre otros problemas que se denuncian a diario.
Y mientras por meses los compatriotas han reportado padecer síntomas relacionados con el zika, el gobierno, en una muestra de total ineficiencia, hace solo un par de semanas reconocía la existencia de la enfermedad en el país. Lo mismo pasó con el chikunguña. El resultado, tenemos las tasas más altas de incidencia en las dos enfermedades mencionadas y el dengue.
Pero, lo más grave es que el presupuesto no apuntala el Plan El Salvador Seguro, la tan cacareada propuesta del Gobierno para combatir la delincuencia y el embate de la criminalidad, que son la peor tragedia del país. De hecho, en un ejemplo más de los muchos que han demostrado a lo largo de estos años que al FMLN le quedó grande la camisa, con sus aliados aprueba de forma atropellada un impuesto –disfrazado de contribución– que ha sumido a los usuarios de telefonía en una confusión total porque nadie sabe cómo cobrarlo. Ya les pasó una vez con el subsidio al gas, solo para mencionar otro de tantos errores que han cometido. A esto debemos agregar que el argumento esgrimido por el oficialismo es que era un impuesto para financiar el plan y ahora, en un cambio de discurso el ciudadano presidente anuncia otras prioridades.
El artículo 227 de la Constitución establece que el presupuesto debe tener la estimación de todos los ingresos que se espera percibir en el año, pero este proyecto –que votamos sin discutir, producto de la aritmética legislativa– no refleja ese mandato constitucional.
Cuando el proyecto de presupuesto se presentó el 30 de septiembre, se sabía de entrada que era un presupuesto desbalanceado y sustentado en proyecciones de crecimiento irreales. El FMI proyectaba un crecimiento de 2.3, el BCR -que es a quien le corresponde definir los niveles de crecimiento- decía 2.6, pero las autoridades de Hacienda hablaban de 2.9.
A eso debemos sumar que no contempla las devoluciones sobre los impuestos que estiman pueden ser 200 millones de dólares y solo hay reservados cuatro millones. No considera los subsidios a transportistas, gas y electricidad, eso significa que tarde o temprano vamos a tener inestabilidad social cuando los transportistas se den cuenta que su subsidio no se les cancela porque vendrá de bonos o empréstitos, con los cuales no se cuenta.
Finalmente, debemos agregar que el presupuesto, se aprobó violentando los procedimientos establecidos en el Reglamento Interno de la Asamblea Legislativa, al aprobarlo y luego discutirlo; ignorando la esencia del parlamentarismo que tiene como finalidad persuadir, convencer sobre posibles modificaciones en el mismo, así como informar, y aclarar a la ciudadanía, a través de un debate de altura, sobre la aprobación de las leyes.
Sabemos que un presupuesto bien elaborado y sabiamente ejecutado es una garantía de desarrollo y estabilidad para el país. Un presupuesto equilibrado genera confianza, certidumbre, estabilidad, fomenta la inversión. Esto no lo tiene el Presupuesto del próximo año, que puede considerarse como un presupuesto inconstitucional.
No se extrañen que, a raíz de estas deficiencias, y como ya se ha hecho costumbre, dentro de poco el FMLN nos esté tocando las puertas con nuevas leyes de impuestos para castigar una vez más los bolsillos de los salvadoreños, no solamente eso, vemos con preocupación que no abandonan la idea de apropiarse de los fondos de pensiones de los trabajadores.
*Diputado.