Sánchez Cerén insiste en los logros de su gobierno en el combate a la delincuencia y la criminalidad y suele dar, como hecho contundente, que la cifra de asesinatos está bajando de más de veinte a catorce, diarios. ¿Deberíamos sentirnos aliviados, presidente?
Pero lo que se dice oficialmente, enfrenta la fría realidad de la pregunta de fondo que se hacen los ciudadanos:¿Es esto verdad? ¿Acaso es cierto que, como lo afirma el gobierno, el país camina con paso firme hacia una sociedad segura y tranquila?
Sin duda la respuesta no es fácil ni puede ser categórica porque la población vive o, más bien padece, la situación de manera diferente.
La mayoría de salvadoreños se sostiene con su trabajo; se levanta temprano todos los días para ir a ganarse el sustento para mantener a su familia. Se trata de personas buenas, trabajadoras, luchadoras que ante la adversidad sale adelante, pero que enfrentan otros problemas, además de la delincuencia, y lo hacen con estoicismo, sin drama, saben que padecen una situación difícil y punto.
Dentro de este segmento de población, diríamos el mayor número de salvadoreños, hay sectores afectados en forma directa, que sufren las consecuencias de la criminalidad y de la guerra entre pandillas, entre mareros y resultan heridos o muertos porque atravesaron un territorio de la 18 y los tomaron por infiltrados de la salvatrucha.
Entre esas víctimas hay panaderos, vendedores ambulantes, mecánicos, trabajadoras domésticas que estuvieron presentes “en el sitio inadecuado a la hora inadecuada”; las cifras son alarmantes, entre seis o siete de cada diez asesinados diarios, en su mayoría, no son mareros, como suele decirnos la autoridad ni tampoco son delincuentes, son solo víctimas inocentes.
Amplios sectores de la población honrada y trabajadora también son víctimas de la extorsión, una sangría profunda en el tejido social que afecta la economía y el diario vivir de miles y miles de ciudadanos que se ven obligados a pagar un dólar, cinco, diez o cientos de dólares como seguro de vida para ellos mismos y sus familias.
Basta escuchar las declaraciones de los ciudadanos que ponen la denuncia ante la policía (que son los menos, porque muchos prefieren guardar silencio y convivir con esta lacra) para darnos cuenta de que la señora de la tiendita, en una colonia popular, debe pagar “renta” a los mareros o un ganadero, en el campo, es extorsionado con toda impunidad. Medios de transporte público deben cancelar altas sumas de dinero para que los buses circulen libremente y sus empleados no sean asesinados; empresas que distribuyen productos de consumo popular son extorsionadas y pagan “la renta” para que sus vehículos ingresen a ciertos territorios.
Son asimismo victimizados, por ejemplo, taxistas que con franqueza se niegan a transportar pasajeros a ciertas colonias del centro, oriente u occidente del gran San Salvador; empresas que poseen transporte de empleados y los tienen que llevar a Apopa o a San Martín, como ejemplo, se niegan a ingresar a colonias de estos municipios durante la noche.
Muchas familias, la mayoría de recursos económicos modestos, tienen que abandonar sus residencias ante la amenaza de los delincuentes; otros muchos, prefieren emigrar al extranjero y los que no emigran porque no pueden, experimentan la desesperanza propia de la impotencia de cambiar la inseguridad que priva en sus vecindarios.
Existe otro segmento de la población, probablemente más pequeño, pero no por ello menos importante, que está formado por los propios pandilleros y sus familias. Sí, porque atrás de cada marero hay un padre, una madre, un hermano, un primo, un tío que no solo tolera, sino también avala, aunque muchas veces en silencio, a su pariente. Por muy marero que sea siempre tendrá a alguien a quién acudir o por quién velar. Además de vivir en el filo de la navaja, entre lo legal y lo ilegal, entre lo bueno y lo malo, se trata de personas que no solo han tomado el camino del crimen, sino que además están enfrascados en luchas internas con sus rivales, la Salvatrucha o la 18, por citar solo a dos de las principales pandillas, que rivalizan en violencia y barbarie.
En este contexto y con la ciudadanía honrada en el horizonte, las cosas no se ven bien y, mientras tanto, la violencia de las maras no solo se vuelve cada vez más compleja y sangrienta, sino también crece y arraiga en las propias estructuras de la sociedad.
Nunca como hoy el Estado ha tenido tantos recursos para enfrentar a la delincuencia, incluso un tácito aval para aplicar medidas extremas que, en otro tiempo, hubiesen indignado a los defensores de derechos humanos, sin embargo, la población sigue sufriendo la criminalidad.
¿Qué hacer? El Estado tiene el apoyo decidido y el financiamiento multimillonario que aporta la ciudadanía contribuyente, sin embargo, el gobierno actual no hace lo necesario ni está dando los resultados esperados.
Es lamentable arribar a la conclusión de que todo esto no tiene nada que ver con falta de dinero, sino que se debe a la evidente incapacidad de los organismos en cargados de la seguridad ciudadana.
Veremos que nos depara el próximo año.
Editor Jefe de El Diario de Hoy.
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