La ley debería ser respetada, por todos. La Asamblea Legislativa ha vuelto a quedar mal ante la población –sus mandantes, a quienes representan y sirven– por incumplir plazos fatales en la elección de funcionarios de elección indirecta. Una responsabilidad que es exclusiva de ese órgano. Desde el punto de vista educativo recordemos que los hijos aprenden más por lo que miran hacer a sus padres (aunque no sean de la patria, pero también a ellos) que por lo que éstos le digan que haga. La Honorable debería dar el ejemplo en el cumplimiento de la ley.
Por otra parte, fue tan comentado, por oneroso y oscuro, el asunto de los asesores de la Asamblea Legislativa que imagino que quienes ejercen diputaciones, ya tienen algún cuidado en solicitar asesorías. Está bien que se guarden en salud, pero podrían distinguir (nosotros desde la llanura lo hacemos) entre asesorías necesarias y las que no lo son. Si además de necesarias son eficientes y no riñen con la ética, no sólo lo entenderíamos; podríamos aplaudirlo.
No es la primera vez que los diputados incumplen plazos importantes. Da miedo que se les pueda hacer costumbre. Entendemos que deben tener mucho trabajo, que el asunto es delicado, que las cuestiones políticas no son fáciles, que las excusas nunca faltan. Pero en algún momento habrá de empezar a hacer bien las cosas. Y ser puntuales es una de ellas.
Preocupa también la cantidad relativamente grande de candidatos que se han presentado este año. Si fuera la PAES, la pregunta sería más o menos la siguiente: ¿A qué cree usted que se debe el gran número de candidatos para la Fiscalía General de la República?: a) la población ha crecido, b) el puesto de fiscal “se ha choteado”, c) ha crecido el número de candidatos capaces para desempeñar el puesto, d) ha crecido el número de quienes se creen capaces para desempeñarlo. Otra pregunta PAES: Para la próxima elección, ¿qué se puede esperar? a) más personas se presentarán como candidatos, b) menos personas se presentarán como candidatos, c) se habrá abolido el puesto de Fiscal General, d) la Asamblea habrá regulado mejor el proceso de elección. Omito a propósito la opción “todas las anteriores” como respuesta a ambas preguntas.
¿Qué conseguiría una consultoría en Recursos Humanos? Probablemente facilitar el proceso. ¿Razones? Las siguientes: 1. Lo primero que haría el reclutador es realizar el Análisis de Puesto de Fiscal General, lo que daría como resultado: a) las obligaciones y habilidades que requiere el puesto (descriptor de puesto) y b) los “requisitos humanos” para el puesto, es decir, los estudios, las habilidades, la personalidad del candidato idóneo. 2) Se determinaría el mejor procedimiento y los instrumentos para evaluar la presencia o ausencia de tales características en los candidatos, 3) Se administrarían estos instrumentos a todos los candidatos juntos, 4) se evaluarían y ponderarían sus resultados y 5)Se presentaría la mejor terna para que la Asamblea eligiera. ¿Demasiado técnico? Puede ser, pero quizás así se limitarían las oportunidades para ejercer las presiones indebidas y deleznables que han sido señaladas en esta oportunidad. “Cuando el río suena….”
– Pero es que así no se considera el aspecto político del asunto y el puesto del fiscal es político, podría argumentar alguien.
– Pues si quiere que se considere, ofrezca usted los indicadores de ese “factor político” para incluirlo en la evaluación, respondería, con seguridad, la firma consultora.
De todas maneras, la firma consultora escogería técnicamente la mejor terna de candidatos y la presentaría a la Comisión para que la Asamblea (el “gerente de línea” responsable en la jerga de Recursos Humanos) elija finalmente a quien se contratará para el puesto, considerando así también el factor político.
Sería recomendable hacerlo con tiempo, creo que este año empezaron tres meses antes. Se ve que no les ha sido suficiente (lo que debe provocar risitas sardónicas entre quienes se dedican a reclutar candidatos para empresas: usualmente el tiempo que se le otorga es mucho menos). Para la próxima ocasión, considérense seis meses por lo menos, ordénese mejor el proceso de reclutamiento, tecnifíquese el proceso de selección y cúmplase con los tiempos que manda la ley. La contratación transparente de una consultoría bien pensada, específica, eficaz, que ayude a cumplir la ley sería bien vista por la población que sí cumple la ley y elige diputados, rápidamente y en tiempo.
Concedido. No siempre acertamos al elegir a nuestros diputados (aunque no siempre esto sea imputable a nosotros, la población). Pero vamos aprendiendo y cada vez lo hacemos mejor. Sobre todo, ahora que podemos votar por caras.
*Colaborador de El Diario de Hoy.