El fracaso gubernamental más escandaloso durante el 2015 fue el aumento de homicidios y la profundización del clima de inseguridad. Las más de 6,400 víctimas ubican al país como uno de los más violentos a nivel mundial. Hasta el 28 de diciembre se reportaron 62 policías asesinados. Cada salvadoreño martirizado importa, pero cuando la flagelada es la autoridad pública, esa que tiene el deber de cuidar a los ciudadanos y cuyos miembros en teoría cuentan con las destrezas para protegerse de los delincuentes, entonces hay razones de peso para preocuparnos.
El año que finaliza nos deja con el récord más alto en el número de masacres, cientos de jóvenes entre 20 y 24 años asesinados, decenas de empleados y usuarios del transporte público acribillados, muchas viudas y niños y niñas en la orfandad.
En resumen el balance en esta materia es desastroso. El gobierno debe revisar sus planes operativos e informar sobre las decisiones que adoptará para el próximo año, teniendo en cuenta que ahora contará con más recursos gracias al impuesto a la telefonía aprobado recientemente. Además de invertir adecuadamente los ingresos adicionales, los funcionarios están obligador a reexaminar la estrategia de seguridad pública con el propósito de identificar las herramientas legales que les permitan ejecutar un combate más efectivo al crimen. No es posible detener la hemorragia de homicidios con un sistema legal que restrinja la operatividad policial, dificulte la investigación del delito y complique la aplicación de la ley.
Según el director de la PNC más del 90% de las muertes violentas se cometió con armas de fuego. Ahora se mata frente a centros comerciales, en gasolineras, a plena luz del día o con testigos presenciales y cámaras que graban las escenas violentas. Esta realidad justifica el estudio de instrumentos jurídicos, que sin violentar los derechos humanos ni abrir puertas para el abuso del Estado, les permitan a policías, fiscales y jueces enfrentar una enfermedad que ya evolucionó a un “cáncer terminal” y donde forzosamente debe aplicarse una “agresiva quimioterapia”.
La sociedad civil representada en el Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana y Convivencia debe “poner las barbas en remojo”. Por ahora esa instancia se ha limitado a avalar las iniciativas gubernamentales. Es necesario que sus sesiones sean públicas y que sus integrantes reclamen y alcen la voz señalando la falta de resultados concretos. Un verdadero ente público privado que promueve políticas públicas en el área de seguridad ya habría discutido dos o tres medidas de fondo para pedir el aval legislativo y mostrar un sólido respaldo a quienes tienen a su cargo la difícil labor de cuidar a los habitantes.
Ciertamente el año nos deja un buen sabor de boca en la contienda de los ciudadanos y de algunas instituciones en contra de flagelos como la corrupción y la impunidad y a favor de la probidad pública. Los casos de presunto enriquecimiento ilícito, el debate para que se modernice la legislación que castigue severamente esas prácticas y la polémica que ha generado la elección del nuevo Fiscal General de la República son avances incuestionables de nuestro sistema democrático. La población está cambiando. Ahora reconoce la importancia de la Sala de lo Constitucional, la necesidad de poner límites a los corruptos y las ventajas de acceder libremente a la información pública. Este progreso no tiene vuelta atrás; y aunque todavía hay políticos que dentro de los partidos navegan resistiéndose a la corriente de la transparencia que recorre a América Latina, tarde o temprano tendrán que ceder si pretenden seguir con su carrera representando los intereses de sus electores.
Sin embargo no podemos descuidar la protección de la vida y de los bienes de los salvadoreños. Se debe continuar con vigor la lucha por la independencia de las instituciones y a favor de la honradez, la decencia y la moralidad de los funcionarios públicos. Pero de nada servirá el logro de este objetivo si la nación permanece presa del temor y de la oscuridad que produce la inseguridad pública y si no se ataja la relación entre el crimen organizado y la corrupción.
*Columnista de El Diario de Hoy.