El término “adaptación” se refiere a la respuesta de gobiernos, empresas y sociedad civil ante el riesgo que presentan los impactos del cambio climático. La adaptación incluso aplica para ecosistemas naturales y especies de flora y fauna. Estos impactos pueden aparecer por medio de aumentos en la temperatura, una mayor intensidad y frecuencia de fenómenos meteorológicos, cambios en el ciclo hídrico, derretimiento de los polos y hielos, así como el aumento en el nivel del mar.
Al respecto, toda medida de adaptación o ajuste tiene el objetivo de reducir el riesgo de estas manifestaciones negativas del clima, y que ya están afectando la prosperidad económica, la seguridad alimentaria y la disponibilidad del agua en todo el Planeta.
La verdad es que los escenarios climáticos para nuestra región son alarmantes. Por ejemplo, para el año 2050, si no antes, de acuerdo con la CEPAL-UNAM, se proyecta que la temperatura media anual aumentará en 2°C y la lluvia media anual se reducirá en al menos un 15% respecto al período 1988-2000. Se proyectan largos períodos de sequía en toda Centro América los cuales se comenzarán a sentir fuertemente en los años cercanos a 2020. Otras proyecciones al 2050 indican que el nivel del mar en Centro América aumentará en 18 cm. Las consecuencias de estos impactos en los cultivos y en la generación de la energía, además de otros sectores, ya son previsibles. Para El Salvador, que supone ser el país más vulnerable de la región, la brecha alimenticia al 2020 para maíz se estima en 496 toneladas métricas. Para el frijol se estima en 89 TM y para el arroz en 54 TM. En cuanto a la generación hidroeléctrica promedio respecto a 1984-2009, se proyectan reducciones de hasta 20% para el 2030 y hasta un 40% para el 2050. Es sumamente crítico dimensionar adecuadamente estos posibles escenarios climáticos para que todos los sectores puedan prepararse y adaptarse con antelación.
De acuerdo con el Panel Intergubernamental sobre el Cambio Climático de la ONU, se pueden implementar dos tipos de adaptación. La adaptación autónoma, que sucede cuando individuos o empresas responden de manera natural al cambio climático (Ej: Cambiar la fecha de plantación de un cultivo, desarrollar nuevas relaciones con proveedores), y la adaptación planificada, que ocurre cuando se desarrollan políticas específicas para gestionar acciones ante los riesgos del clima (Ej: planificación y gestión de desastres, programas de conservación del agua). Lo ideal sería que todos los países contaran con sus propios planes nacionales de adaptación, donde las acciones de las empresas sean complementadas con las macro inversiones que debe hacer cada Estado.
Un reciente documento de Pricewaterhouse Coopers-PwC, afirma que algunos riesgos directos por parte de las empresas pueden ser: a) daños a activos físicos e interrupción del negocio debido a condiciones meteorológicas extremas, b) Escasez de agua y cambios de temperatura: impacto sobre el rendimiento, salud o productividad de los activos y personal, c) Aumento del nivel del mar/invasión de las costas: daños a la propiedad y otros activos, y d) condiciones peligrosas para el trabajo de la plantilla. Ahora bien, algunos de los riesgos indirectos para las empresas pueden ser: a) impacto sobre los mercados, b) Interrupción de la cadena de suministro, c) Interrupción de la infraestructura local, d) Impacto sobre comunidades locales, y e) Aumentos de los costos del seguro.
Al final, la adaptación eficaz por parte de una empresa requerirá de una gestión de riesgos robusta y la mejora de la capacidad de reacción de la misma. Las empresas deben apostarle a reducir la exposición de sus activos, incluyendo sus empleados, y volverse más resilientes ante las proyecciones del cambio climático, protegiendo sus operaciones principales en el largo plazo.
*Director Asesor de CEDES.
@jmagreen