El presidente venezolano, Nicolás Maduro, denunció que el próximo 6 de diciembre, fecha en la que se realizarán las elecciones legislativas, la “derecha nacional e internacional” está gestando un “golpe contrarrevolucionario”. Por eso pide a la militancia de su partido “un plan antigolpe para garantizar la victorial electoral”. El gobernante sabe que el contexto económico y social no le favorece. La caída de los precios internacionales del petróleo dejó a su administración sin los fondos necesarios para continuar expandiendo el clientelismo electoral que le garantizó la reelección durante varios períodos al fallecido ex presidente Chávez. El desabastecimiento de productos básicos se recrudeció en los últimos años, la violencia aumentó y se redujo el poder adquisitivo de los venezolanos debido a una inflación que según fuentes no oficiales alcanzó el 179 %.
Con semejante panorama los simpatizantes y partidarios de la oposición política, aglutinada en la Mesa de la Unidad Democrática (MUD), pronostican un triunfo electoral que se traduciría en una Asamblea que represente un contrapeso al monopolio oficial cuya aplanadora ha impedido el libre ejercicio de los derechos de millones de ciudadanos.
Pero la contienda electoral no está nivelada. Se tienen serias dudas sobre la independencia de la autoridad electoral; no existe regulación alguna que evite el uso de recursos del Estado en provecho de los candidatos del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), la organización que fundó Hugo Chávez como vehículo político para mantenerse en el poder; se cree que no está suficientemente garantizada la secretividad del voto; la justicia electoral no es pronta ni cumplida debido a que los magistrados de la Sala Electoral no son especialistas en Derecho Electoral; se ha redistribuido arbitrariamente el número de diputados en circunscripciones electorales que benefician al PSUV; hay confusión en las papeletas y el acceso a los medios de comunicación por parte de los candidatos de la oposición es inexistente.
En Venezuela no se permite la observación electoral internacional. Ni la Organización de Estados Americanos (OEA) ni la Unión Europea (UE) han sido invitadas por el gobierno para verificar la integridad del proceso electoral. En las elecciones presidenciales de 2006, 2012 y 2013, el Centro Carter participó a través de la figura de “misiones de estudio”. Lo mismo hace ahora IDEA Internacional junto al Centro de Estudios Políticos de la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB) a través de una misión similar compuesta por investigadores, analistas y exautoridades electorales de reconocido prestigio.
Los hallazgos de esta misión son preocupantes. Tres de los cuatro “rectores” que integran al Consejo Nacional Electoral (CNE) “tendrían vínculos y simpatías con el partido de gobierno” y apenas uno con la oposición. De las 40, 601 mesas de votación a las que están convocados los aproximadamente 19 millones y medio de electores, 1,184 son nuevas y en las mismas se encuentran inscritos para sufragar 367, 619 personas de los cuales 59,184 son nuevos inscritos. Estas mesas se instalarán en edificios “que sirven de sede a asociaciones civiles identificadas abiertamente con el Ejecutivo Nacional”. El CNE no ha realizado campañas que garanticen el secreto del voto. El sistema de votación en Venezuela es automatizado. La oposición considera que el fraude no está en el uso del “voto electrónico” sino en la financiación millonaria de las campañas de los candidatos oficiales con dinero público. Sin embargo la gente cree que el sistema electrónico de votación no le garantiza la confidencialidad de su voto. Los entrevistados consideran que “las captahuellas en los centros de votación se van a asociar a las de los puntos de venta de alimentos y medicinas” y por tanto el Estado castigará a quien no respaldó la propuesta del PSUV cancelando la entrega de bienes a su familia.
Lo cierto es que, no obstante el ventajismo oficial, la oposición venezolana y el mundo democrático saben que el viento sopla a favor de la libertad. El debilitamiento del chavismo y el restablecimiento de las relaciones entre Cuba y Estados Unidos representan el resquebrajamiento de un nuevo “muro de Berlín”. Estas son buenas noticias para las izquierdas democráticas y un profundo dolor de cabeza para quienes aún viven en la ortodoxia del pasado.
*Columnista de El Diario de Hoy.