Ante las atrocidades que cada día enfrentamos de asesinatos y masacres, PAES reprobada, virus de zika instalado, impuestos agobiantes, amenazante reforma de pensiones, diputados de oposición silenciados con derroche de mala educación, incomprensibles decisiones de los jueces y del fiscal general, evidencias de enriquecimiento express de funcionarios, y un largo etc. , no sorprende que la población unánimemente exija una comisión internacional que investigue la corrupción, que ya ha sido solicitada formalmente por varias organizaciones ciudadanas.
El FMLN rechaza la petición, con el ridículo argumento que aquí no se necesita porque la institucionalidad funciona, y es ejemplar la manera cómo se vive el Estado de Derecho. Algunas de las declaraciones de sus más altos jerarcas demuestran su temor de que salgan a la luz, tremendas movidas hasta hoy escondidas.
Norma Guevara afirma: “No sé por qué la CICIG está de moda. Aquí los Acuerdos de Paz permiten la independencia judicial”. Y afirmamos que está de moda terminar con la corrupción, cuestionamos el cumplimiento de dichos acuerdos, y entendemos por qué quieren deshacerse de los valientes magistrados de la Sala de lo Constitucional, único baluarte de decencia, defendiendo la Constitución que el partido gobernante pisotea cada día. Al tildar de “mentes calenturientas quienes creen que pueden replicar en El Salvador, cosas que ven en otros países”, evidencia el terror que sienten de que aquí ocurra lo que en nuestra vecina Guatemala: que los corruptos vayan a la cárcel y den cuenta de sus delitos.
Sobre el tema de las pensiones, la misma diputada se atreve a afirmar: “Que el Estado es el dueño de las pensiones, y el Estado lo seguirá siendo: no hay ninguna duda”. Y los que por años hemos ahorrado para nuestro retiro, intentamos comprender semejante aberración, considerando que los actuales funcionarios jamás cotizaron, mientras estaban en la guerrilla. Necesitamos que una instancia foránea venga a poner orden, demostrando que el poder no es abuso de autoridad, y que un cargo público es responsabilidad y no la actitud dictatorial que hace a la presidenta de la Asamblea “pedir al Creador infinita paciencia” por el agotamiento que le causa la ardua labor de apagar los micrófonos a diputados de la oposición, cuando pretenden tocar temas trascendentales para la gobernabilidad, pero incómodos para su ideología.
Sería innecesaria la CICIES si contáramos con funcionarios capaces, responsables y honestos, comprometidos con los intereses ciudadanos y transparentes en su gestión. La carencia de esas virtudes en nuestras autoridades se demuestra con varios casos de diputados que presentan un incremento tan abultado de su patrimonio, que no cuadra con sus sueldos, y que huele a narcotráfico. El presidente del TSE, ex decano de la UES, un ex director del ISSS, los turbios manejos de CEL, Sigfrido Reyes indiferente a señalamientos de corrupción, más el funcionario que irónicamente está a la cabeza del organismo encargado de velar por la transparencia, son algunos casos emblemáticos.
Llama la atención por qué se niegan a dar información de los viajes y gastos de Mauricio Funes y del exagerado presupuesto de CAPRES. ¿Por qué han rechazado la serie propuesta de la fracción arenera, de modificar el presupuesto, con medidas de austeridad que serían aplaudidas por la población, y darían más recursos a salud y educación?
Estamos en una situación de casi anarquía, muy cerca de un estado fallido. Y como los responsables de ponerle remedio no quieren o no pueden hacerlo, es obvio que necesitamos que una institución seria, internacional, venga a poner orden y a señalar culpables antes de que nos terminen de hundir.
*Columnista de El Diario de Hoy.