No dejó de darme un poco de pena ajena cuando vi por televisión a los comisionados del Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP) teniendo que desplazarse hasta la Asamblea Legislativa para obligar a los diputados a publicar el listado completo de asesores del anterior pleno.
Los comisionados tuvieron que ir personalmente a hacer que se cumpliera su resolución en vista de que, en lo que más pareció una burla, en los días previos se había publicado un listado incompleto para ver si nos tragábamos la píldora y que así quedara todo.
Tampoco dejó de darme un poco de pena ajena al escuchar al encargado de propaganda gubernamental ufanándose de que ahora hay más “transparencia” en las instituciones y que puede funcionar con libertad la Sala de lo Constitucional.
Hasta se dio el lujo de agarrar desprevenidos a los comunicadores preguntándoles con insistencia si no era así, pero solo obtuvo silencio y caras de duda.
Lo que no dijo este funcionario es que si hay algo de transparencia en las instituciones y la Sala –a Dios gracias– puede trabajar con independencia no es obra de él, que debería de ser el primero en dar el ejemplo, ni del gobierno que tanto lo pregonó en el pasado, ni ha sido fácil lograrlo.
Todavía siguen ocurriendo casos como el ocultamiento del listado de asesores y también la Sala ha tenido que sortear muchas amenazas de inmovilizarla y hasta descabezarla, venidas tanto de sectores del oficialismo como de la Asamblea y otros poderes fácticos.
Todo este tiempo muchas instituciones que deberían ser baluartes de transparencia han ofrecido información parcial o han evadido darla mientras las oficinas que lo reivindican más bien son centros de propaganda y desinformación.
Si no fuera así, ese señor que se llena la boca hablando de transparencia habría sido el primero en reclamar por la burla que se quiso hacer a la población con el listado parcial de asesores, o hubiera protestado cuando la Corte de Cuentas se negaba a entregar la auditoría de El Chaparral para conocimiento de la ciudadanía.
Ese es otro caso insólito: el informe inicial que hicieron los auditores que vieron el caso de primera mano señala una serie de irregularidades, entre ellas el pago de los $108.5 millones a la constructora pese a que los trabajos quedaron abandonados y que ninguna ley facultaba hacerlo así.
Sin embargo, poco o nada dice el informe que al final y obligadamente entregó la Corte, el cual no cuestiona ni el arreglo directo ni el pago multimillonario que le hicieron a la constructora y que seguramente saldrá de las bolsas de todos los salvadoreños.
Esos $108.5 millones, más los $70 millones adicionales que quieren ahora, hubieran servido perfectamente para la seguridad pública en lugar de gravar a los usuarios de la telefonía.
Estamos en un país en el que algunos que se creen más vivos piensan que caeremos en farsas como en la del cuento del traje del emperador, la historia de unos pícaros que le hicieron creer al monarca que le confeccionarían un atuendo que solo podrían ver los sabios e inteligentes, pero más bien le hicieron hacer el ridículo cuando le dijeron que lo “vistiera” y saliera en desfile para que la gente inteligente lo viera. Lo que vio el pueblo, con extrañeza e hilaridad, fue a un hombre desnudo y convertido en el hazmerreír de todos.
Y realmente así vamos a quedar todos con medidas desesperadas que se quieren aplicar, como el impuesto a los usuarios de telefonía fija y celulares y el plan de las pensiones del gobierno.
A veces me pongo a pensar que de la misma manera como los confeccionistas de la fábula, actúan los que niegan el desborde de la violencia en El Salvador y culpan a los medios, o los que se ufanan de que hay plena transparencia en las instituciones del Estado.
Lo que no entienden es que el pueblo no se traga cuentos de hadas como el del traje del emperador y que más bien funcionarios como el mencionado al inicio hacen el ridículo diciendo las cosas que dicen y viendo la paja en el ojo ajeno cuando tienen una gran viga enfrente: la falta de idoneidad para desempeñar el cargo o de valentía para no ser partícipe de lo que no está bien.
*Editor Subjefe de El Diario de Hoy.