Llama mucho la atención las condiciones perjudiciales para el país, con que CEL favoreció los reclamos de la empresa italiana Astaldi, a pesar de que todo apunta a que fueron ellos quienes incumplieron el contrato para construir la represa El Chaparral.
¿Por qué no hicieron cumplir a Astaldi con las garantías del trabajo que debían realizar? Ceder de manera tan fácil millones de los fondos públicos no debe suceder, por lo que, se debe mostrar a los salvadoreños el camino recorrido para pagar $108 millones por un trabajo ejecutado en menos del 30 %.
Los salvadoreños merecemos conocer en detalle, si lo pagado por CEL corresponde a lo acordado en el contrato con la mencionada empresa. También nos deben informar cuál fue el verdadero estado en que Astaldi entregó lo que a todas luces solo parece un enorme hoyo, pues suponemos que debe existir un informe de esa recepción, porque nadie en su sano juicio entrega $ 108 millones de dólares por un trabajo que no corresponde a lo acordado según lo contratado.
Entendemos que esa empresa se destacó por los atrasos en el calendario de construcción de la represa, por lo que además merecemos una explicación sobre las acciones ejecutadas por CEL ante ese hecho, como solicitar aumento del personal en la obra, porque es de suponer que la estatal haya incluido todas las medidas de prevención en un contrato de esta envergadura.
Pienso que a estas alturas la Fiscalía General de la República ya tendría que haber dado por lo menos indicios de lo que allí ha sucedido, sobre todo cuando entre sus objetivos está: promover las acciones legales necesarias para mejorar la gestión económica y patrimonial del Estado.
¿Por qué siguen dilatando ese informe señor fiscal?, si todos sabemos que para cerrar el contrato con Astaldi la CEL recurrió al arreglo directo, dejando de lado el derecho y potestad para hacer reclamos por la no entrega de la obra. Los salvadoreños merecemos las explicaciones del caso por parte de la FGR antes de que el Fiscal General termine su mandato; la verdad es que resulta sorprendente que con deudas como estas, el señor fiscal quiera reelegirse.
Los legisladores deberemos meditar y evaluar con mucho cuidado, a fin de llevar a la FGR a un funcionario que sí muestre capacidad para no dilatar procesos que, a todas luces dan indicios de corrupción.
Quienes solicitan la creación de una CICIES se amparan entre otros, en casos como el de El Chaparral y con justa razón, porque ya se conoce que existen empresas relacionadas a la construcción de la misma, involucradas en lo que la fiscalía brasileña ha llamado “la mayor confabulación de corrupción descubierta hasta ahora en Brasil”, en referencia a la empresa Odebrecht, una de las preseleccionadas en el gobierno salvadoreño anterior para continuar la construcción de la represa.
Caso por el que se está investigando al expresidente de Brasil, Luiz Inacio Lula, por supuesta participación a favor de Oderbrecht en el extranjero, para conceder contratos inflados. La fiscalía de ese país investiga supuesta desviación de dineros de esas empresas hacia el Partido de los Trabajadores, uno de cuyos fundadores es el expresidente Lula.
Asimismo debemos recordar el caso de la también brasileña Intertechne, investigada por el caso de corrupción de Petrobras y contratada por CEL para realizar dos diseños de la represa El Chaparral. Lo anterior sin mencionar el arresto del presidente de la constructora brasileña Queiroz Galvao (una de las empresas responsables de la ampliación de la presa 5 de noviembre) cuyo presidente ha sido arrestado implicado también en la corrupción de Petrobras.
Como es evidente, los salvadoreños tenemos motivos de sobra para exigir transparencia en el caso El Chaparral, no solo de CEL y la Corte de Cuentas de la República, que curiosamente cambió el informe que dejaba clara la ruta que siguió CEL para terminar el contrato con Astaldi, sino además al señor Fiscal General de la República, quien debe procurar una fiscalía “fuerte y justa” no solo para el Estado, sino especialmente para los ciudadanos.
*Diputada.